Lamentablemente, sus autores parecen haber olvidado que la crisis de la Corte Suprema no comenzó en diciembre pasado, sino antes, cuando algunos de los partidos que hoy conforman la nueva mayoría comenzaron a utilizar el máximo tribunal como arma de represión política, lo que inevitablemente despierta reservas sobre la verdadera intención del proyecto que estamos comentando.

Llama la atención, por ejemplo, que se pretenda crear una corte provisional especial, algo que la Constitución explícitamente prohíbe. Algunos de sus posibles integrantes han expresado su preocupación sobre tal pretensión, advirtiendo que solo una Corte Suprema definitiva tendría autoridad legal y moral como para pronunciarse en los casos bajo su responsabilidad.

Si bien el Primer Mandatario está obligado a mantener relaciones cordiales con la función Legislativa, no por eso debe olvidar que lo que la función Judicial necesita no son paliativos ni maquillajes sino verdaderos cambios. Antes de pronunciarse sobre el texto legislativo, por ende, deberá estudiarlo con sumo cuidado, y tomar una decisión que evite nuevas crisis en las frágiles instituciones judiciales.