El decomiso del transmisor de radio Utopía, que un grupo de policías realizó la semana pasada, generó el rechazo de la comunidad de la cooperativa Mariuxi Febres-Cordero, en el Guasmo Sur.

Los directivos del movimiento social Mi Cometa, que administra la estación, cuyo dial era 108 FM, criticaron la acción, solicitada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que sostiene que la radio no cuenta con el permiso respectivo para operar.

Ante esto, César Cárdenas, el presidente de la organización, afirma que existen vacíos legales que no amparan el funcionamiento de radios comunitarias como Utopía.

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Sin embargo, Guisella Dávila, secretaria ejecutiva de la   Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (Corape), que agrupa a 45 radios de ese tipo, manifiesta que en el 2002 se establecieron modificaciones a la Ley de Radio y Televisión con las que se avala el funcionamiento de las radios populares y comunitarias.

“Se establecen derechos para pautar publicidad y obtener frecuencias”, explica.
Agrega que la legislación establece que todas las radios deben operar luego de obtener la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel).

Cárdenas sostiene que Utopía estuvo en el aire en un periodo de pruebas y avala el funcionamiento de la radio por lo expuesto en el numeral 10 del artículo 23 de la Constitución. También aclara que tramitarán la autorización para que la radio funcione.

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Esa sección establece que “el Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión”.

“No hemos cometido ningún error, estamos ejerciendo un derecho constitucional, a veces las leyes se aplican contra quienes tenemos menos posibilidades de defendernos”, afirma Cárdenas.

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Según Dávila, la Corape ha apoyado a varias organizaciones para que obtengan una frecuencia para la operación de radios comunitarias.