Tras los despidos y a falta de contratos los inmigrantes  buscan trabajo como empleados domésticos.

El número de despidos a inmigrantes indocumentados en España se incrementa a medida que se acerca el fin del plazo de tres meses del proceso de regularización.

En la desesperación por conseguir un contrato, los inmigrantes buscan incluso trabajos como domésticos, antes que se cierre el proceso el próximo 7 de mayo.

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El gobierno español estimó que medio millón de inmigrantes se regularizarán, cifra distante de los 800 mil que se anunció inicialmente.

Los despidos de inmigrantes comienzan a incrementarse a diez días de que concluya el proceso de regularización de extranjeros que lleva adelante el gobierno español, al tiempo que crece el temor entre los ecuatorianos que aún no han podido legalizar sus documentos.

La Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos indicó que el número de inmigrantes despedidos es mayor al  de solicitudes presentadas para el proceso: 241.515 frente a 236.260, según el último informe.

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Uno de ellos es el guayaquileño José Luis Andrade, quien fue despedido de una empresa de transportes,  donde  laboraba  desde diciembre pasado y le prometieron un contrato,  pero en forma inesperada la semana pasada su jefe le comunicó que  no necesitaba más de sus servicios.

Andrade pensó en denunciar a la empresa, pero decidió buscar a algún español que quiera darle un contrato como empleado doméstico porque el plazo para  legalizarse se agota.

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William Cevallos, portavoz de la Asociación Ecuador Llactacaru, confirmó que los despidos de ilegales están aumentando en las últimas semanas, y el único camino que le queda a un extranjero es buscarse a alguien que lo contrate, aunque luego no reciba un sueldo.

“Conozco muchos casos, incluso de amigos que fueron sacados con el  pretexto de que no hay faena, y ahora tienen que buscar una opción para acceder a los papeles”, señaló Cevallos.

Sin trabajo
Mientras unos se quedan sin trabajo, otros esperan su legalización para volver a las empresas en las que prestaban servicios antes de febrero. “Dos meses de sequía”, dijo el ecuatoriano Fernando Torres, quien se quedó sin empleo desde el inicio del proceso de regularización, el 7 de febrero pasado.

Torres, de 37 años y oriundo de Latacunga, llegó a España en el 2001, en la época en que el entonces presidente  español, José María Aznar, cerraba casi todas las vías para que los foráneos pudieran acceder a los permisos de residencia y trabajo. “Conseguí un empleo en una compañía de mudanzas, en la que estuve hasta febrero pasado, cuando mi jefe se vio obligado a prescindir de  quienes éramos ilegales debido a la denuncia de un compañero”.

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Añadió que su jefe está tramitando los papeles para legalizarlos y solo espera el momento en que lo llamen de la Delegación del Gobierno para firmar su primera tarjeta.

“Hasta que no me den la tarjeta no puedo volver al trabajo, porque si hay otra denuncia pueden cerrar la empresa”, explicó Torres.

En estos dos meses para  solventar sus necesidades económicas   alquiló uno de los cuartos del departamento donde vive, además de laborar de camarero cada fin de semana en el bar de un amigo español.