En los próximos días el Consejo Nacional de la Judicatura emitirá un informe  en el cual se determinará el número de procesos existentes en todas las salas de la Suprema, así como las acciones que tomaron los magistrados que el Congreso desconoció el 17 de abril pasado.

Una comisión del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), junto al notario Jaime Acosta, inició ayer la inspección del despacho que utilizó Guillermo Castro Dáger durante los cuatro meses que ejerció la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

En el lugar y en las oficinas de los asesores del ex titular de la CSJ encontraron los dos juicios contra Abdalá Bucaram, que fueron anulados por Castro, y notas que dan cuenta de la vinculación política de diversos magistrados.

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La inspección, según Olmedo Castro, director ejecutivo del CNJ, es para hacer un inventario de activos y procesos que están en esas oficinas para que cuando se elija la nueva Corte, esta conozca los casos y determine su validez jurídica.

Una delegación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) asumió ayer la custodia del despacho del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Castro Dáger, y de las oficinas de sus asesores.

A las 10h30, Olmedo Castro, director ejecutivo del CNJ; el notario Jaime Acosta Holguín; Pedro Carrasco, asesor del Consejo; y Carlos Velasteguí, auditor general del organismo, llegaron hasta el 5º piso del edificio de la CSJ para constatar el estado de los juicios que tramitaron los ex magistrados, destituidos por el Congreso el 17 de abril pasado.

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En la oficina adjunta a la de Castro Dáger, utilizada por sus asesores Jorge Ortega y Jaime Pazmiño, los funcionarios encontraron, dentro de una caja sellada, dos juicios en contra del ex mandatario Abdalá Bucaram: el 1.097, relacionado con los gastos reservados, y el 1.697, de mochila escolar.

Carrasco también revisó una providencia sin firma en la que se anulaba el juicio 83-2003 sobre la indagación fiscal solicitada por el legislador socialcristiano León Febres-Cordero en contra del ex jefe de Estado Gustavo Noboa Bejarano, y del ex ministro de Economía Jorge Gallardo.

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“Queremos constatar la existencia de los activos fijos de la Corte y qué procesos están en las oficinas y sellar todo para que venga la nueva Corte cuando sea designada y conozca qué hay en los procesos y determine su validez jurídica”, sostuvo Olmedo Castro.

Luego que Acosta Holguín analizó los documentos, estos fueron guardados en una caja, donde permanecerán hasta que sean elegidos los nuevos miembros de la CSJ.

En el despacho de la Presidencia de la Corte, Acosta encontró una carpeta con documentos, que incluía una lista de personas fechada el 6 de enero pasado que decía textualmente: Nuestra gente: Ernesto Velásquez, Ramón Rodríguez, José García, Efrén de la Torre, Efrén Gavilanes, Tito Livio Mendoza, Carlos Pozo y Julio Jaramillo Arízaga.

Además nombraba a varios jueces a quienes identificaba como “afiliados al Prian”: Angelita Albán, Francisco Icaza Garcés, Jorge Fantoni, Ángel Garzón, Luis Alvarado Macías. Sobre este último, hay una nota entre paréntesis: “aparece como del Prian pero tampoco sé si lo es. Este fue el que habló en tu contra”.

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Debajo del escritorio de Castro se encontró una máquina destructora de papeles y dentro de un basurero y en pedazos la resolución  en la que se destituye a cinco vocales del CNJ y a dos magistrados de las cortes superiores.

Mientras tanto, en Guayaquil, las cámaras de la Producción exhortaron ayer al Congreso Nacional a debatir la ley de cooptación para elegir a una Corte Suprema de Justicia independiente de los partidos políticos.

El presidente de la Cámara de Pesquería, César Rohón, sostuvo que el Parlamento de “manera inmediata debe sacar la ley de cooptación para elegir una Corte con absoluta transparencia para retornar al estado de derecho”. Afirmó que antes de una  depuración  o autodepuración del Congreso se debe “elegir al Vicepresidente, al Contralor, al fiscal y  los tribunales”.