Según vecinos del lugar, alrededor de treinta policías entraron en la sede de la radioemisora con violencia, atropellando niños y mujeres, para incautar equipos técnicos valiosos.

Las explicaciones que se han dado son insuficientes y contradictorias. Las radios comunitarias no son empresas comerciales, por lo que no se puede hablar de competencia desleal. Aun suponiendo que la organización responsable de la radio no hubiese cumplido con todos los requisitos que manda la ley, eso no justificaría el modo violento como se procedió y la incautación de los equipos.

Si bien nadie debe ponerse al margen de la ley, también es cierto que las autoridades deben actuar con mucha prudencia cuando existen de por medio derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, que podrían verse afectados.

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El país se halla convulsionado y lo que menos necesita ahora son demostraciones de intolerancia.

Es urgente, entonces, que las autoridades de telecomunicaciones y Policía expongan los motivos que expliquen su conducta. Y si se cometió un error, que se lo repare inmediatamente y se sancione a los culpables.