La salida al exilio el domingo del destituido presidente Lucio Gutiérrez, parece cerrar un capítulo, pero sin poner fin a la crisis política de este país, donde el nuevo gobierno enfrenta serios desafíos, incluso bajo el recelo de la OEA respecto a la legalidad de su instalación.
 
Gutiérrez fue sacado de la embajada de Brasil hacia las 04h00 de la mañana, informó el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara. Dijo que fue trasladado hasta el aeropuerto de la Latacunga, distante 90 kilómetros al sur de Quito, donde abordó un avión enviado por el gobierno brasileño.
 
Desde Brasil se informó que la nave llegó a Brasilia luego de una escala técnica en Río Branco, unos 2.250 kilómetros al noroeste de Brasilia.
 
Gutiérrez caminó hasta un helicóptero que lo trasladaría a un hotel.
 
No hubo declaraciones, y se distribuyó copia de la carta de Gutiérrez de fecha 20 de abril, al embajador brasileño en Quito, Sergio Florencio Sobrinho, solicitando asilo por sentirse   personalmente amenazado e incapaz de garantizar su seguridad y la de su familia.
 
Gutiérrez fue destituido por el Congreso el miércoles acusado de abandono del poder tras masivas protestas callejeras en esta capital y que se extendieron durante una semana. Fue reemplazado por el vicepresidente Alfredo Palacio.
 
Las protestas buscaban la renuncia de los representantes de los tres poderes del estado, y aunque Gutiérrez marchó al exilio, la crisis política e institucional del país parece seguir latente en este convulsionado país.
 
El nuevo gobierno no ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ha habido cuestionamientos a la legalidad de la sucesión del poder aplicada en Ecuador.
 
La OEA acordó enviar una misión a este país, presidida por Luigi Einaudi, embajador de los Estados Unidos ante la OEA.
 
También la Comunidad Sudamericana de Naciones y el Grupo de Río, representando a todo el continente, han expresado su preocupación por la nueva institucionalidad ecuatoriana.
 
El país tampoco cuenta con magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cesados por el depuesto presidente Gutiérrez el 15 de abril en uno de sus últimos intentos por forzar al Congreso dar a una salida a la crisis institucional que se venía acarreando desde finales del 2004.
 
El 8 de diciembre el Congreso, aceptando un pedido de Gutiérrez, había destituido a otros magistrados de la CSJ y designado a sus reemplazantes, lo cual fue denunciado de inmediato por la oposición como un acto inconstitucional.
 
Palacio, sin militancia partidista, asumió el poder basado en la sucesión establecida por la Constitución y con el respaldo de las fuerzas armadas, que cuando arreciaban las protestas, desconocieron el mando de Gutiérrez.
 
El nuevo jefe de estado, que desde hacía meses había tomado distancia de Gutiérrez, sigue aún dando forma a su gobierno que deberá encarar las crecientes demandas sociales en este país de 12 millones de habitantes.
 
“A partir de hoy, refundaremos la República”, anunció Palacio, un cardiólogo de 66 años, horas después de ser posesionado en el cargo por el Congreso.