Sin precisar cifras, el gobierno dejó entrever que un proyecto para la ampliación del Canal de Panamá costaría menos de 8.000 millones de dólares, uno de los cálculos que han lanzado al aire los expertos.
 
Las autoridades también dejaron en claro que la expansión de la vía interoceánica se llevará a cabo siempre y cuando sea un buen negocio para el país.
 
“Lamento defraudarlos”, dijo el ministro de Economía y presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, al cerrar el sábado en la noche la conferencia anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Aludió a que no podía precisar por el momento el costo que exigirá la posible ampliación canalera, un dato que están demandando los panameños, al igual que la divulgación ya de los planes sobre el ambicioso proyecto.
 
Dijo que se ha hablado de 8.000 millones de dólares, cifra que considera no viable o muy alta.
 
Explicó que los expertos de la ACP aún están analizando diversos estudios para llegar a una decisión. La alternativa más mencionada tiene que ver con la construcción de un tercer juego de esclusas para permitir el tráfico de barcos más grandes y un mayor volumen de carga.
 
Vásquez señaló que por la magnitud del tema, se analiza con calma y mucha responsabilidad.
 
“Si resulta que no llegamos a seleccionar la mejor alternativa, nos dirán que no hemos hecho la tarea”, explicó. “Si el proyecto no es rentable, estamos condenados a que este país subsidie el comercio marítimo internacional”.
 
Algunos panameños también se expresan preocupados de que el país se vaya a endeudar aún más en el extranjero para concretar la ampliación.
 
Pero el administrador del canal, Alberto Alemán Zubieta, dejó en claro en la misma conferencia que para pagar una posible expansión no se acudirá a préstamos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
 
“El Estado panameño tampoco cargaría con esa inversión”, aseguró.
 
Vásquez explicó que una posible ampliación la pagarían los propios usuarios del canal mediante el pago de los servicios que presta la vía, abierta al mundo en 1914.
 
Destacó el hecho de que el canal ya ha venido impulsando profundos cambios en cuanto a la política de precios, es decir, impulsando incrementos de peajes con el fin de captar ingresos para su modernización.
 
Poco antes de que la vía pasara plenamente a manos de Panamá, el 31 de diciembre de 1999, la administración estadounidense puso en vigor un plan de inversiones para mejoras por un costo de algo más de 1.000 millones de dólares, que se está pagando con los ingresos.
 
“El canal opera actualmente sin deudas”, destacó Vásquez.
 
La ampliación tendrá que ser sometida a un referéndum.