Ecuador no suscribirá el instrumento diplomático mediante el cual se consagra la inmunidad de soldados estadounidenses que estén desempeñando labores en otros países.

Esta es la primera decisión que adoptó el régimen de Alfredo Palacio en cuanto a las relaciones bilaterales entre Ecuador y EE.UU.

El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, hizo pública esta resolución luego que el Mandatario se reuniera con representantes de varios organismos defensores de los derechos humanos.

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En la cita le expusieron un mandato de diez puntos, entre los cuales incluye la anulación del convenio de la Base de Manta, la destitución de la Comisión Negociadora del TLC y la investigación de los mandos policiales y militares responsables de la represión en las últimas manifestaciones en Quito.

Gustavo Larrea, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, fue quien  entregó el documento al Presidente.

Al salir de la reunión afirmó que el Gobierno se comprometió a impedir la impunidad de los actos delictivos cometidos por el régimen depuesto y que desmantelará los grupos paramilitares, parapoliciales y fuerzas de choque organizados en el régimen anterior.

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Anunció que existía un compromiso para revisar y, de ser necesario, concluir los contratos mineros y petroleros que afecten directamente los derechos de los pueblos.

Gándara aclaró los términos de la conversación e indicó que el Mandatario coincide con varios puntos (no especificó cuáles) y que el compromiso consistió en analizarlos.

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Más allá de esto, el Gobierno logró ayer que las organizaciones de Derechos Humanos respalden su tesis de que el Jefe de Estado debe terminar sus funciones una vez que se cumpla el periodo presidencial que empezó junto a Gutiérrez.

Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, ratificó que no se respaldará el pedido de elecciones adelantadas, porque se ha convertido en una exigencia avalada por Estados Unidos y por el líder del Prian y precandidato presidencial,  Álvaro Noboa.