Luego de la destitución del coronel Lucio Gutiérrez y la posesión como presidente de Alfredo Palacio, varios abogados expertos en Derecho Constitucional coinciden en que la salida jurídica que dio el Congreso Nacional fue ilegal.

El catedrático Luis Antonio Arzube sostiene que los diputados declararon cesante el cargo por abandono de parte de Gutiérrez, pero “esto aún no ocurría, pues Gutiérrez seguía ejerciendo sus funciones desde su despacho”.

En ese sentido, Arzube explica que hubo un apresuramiento por parte de los legisladores. “Ellos declaran primero el abandono, cuando en realidad esto debieron resolverlo cuando ya Gutiérrez abandonó el palacio y pidió asilo, como lo hizo horas después”. Para que la resolución esté enmarcada en Derecho, Arzube propone una reconsideración de la resolución que convalide la decisión, sobre todo ante la comunidad internacional. “Y lo pueden hacer con mayoría simple”, dice el catedrático.

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Algo que no es descartado por el legislador  del Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, quien sin embargo defiende el procedimiento. “Podríamos adoptar una reconsideración en las próximas sesiones, pero en realidad Gutiérrez abandonó el poder cuando se declaró dictador al disolver la Corte Suprema de Justicia por decreto, lo que no es parte de sus competencias”, indica Torres.

El ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Xavier Zavala, confirma la irregularidad, pero la entiende. “Fue una medida simplemente cosmética, frente al derrocamiento de un dictador por parte del pueblo quiteño”, explica. “Formalmente, tanto la causal de abandono, como la votación para dicho efecto, no siguen la Constitución, pero frente a los hechos es absolutamente irrelevante la actuación del Congreso Nacional”, opina Zavala.

Esta no es la única situación judicial confusa. También está el pedido de prisión que hiciera la ministra fiscal subrogante, Cecilia Armas, en contra de los ex mandatarios  Gutiérrez, Bucaram y del ex subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González.

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En la casa de González se realizó un allanamiento en su búsqueda. “Eso es un abuso y una violación de procedimientos, porque no hay un proceso en marcha”, dice Arzube, quien hace una diferenciación en el caso de Bucaram: “La providencia que nulitaba su juicio está apelada, por lo que podría aplicarse su detención”.

Para Xavier Zavala, en cambio, los allanamientos son válidos si los ordena un juez competente. “El caso de González no requiere fuero de Corte, por lo que es formalmente válida la acción”.

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En lo que coinciden los consultados es respecto a la solicitud de asilo político que hizo Gutiérrez al gobierno de Brasil. “En ese caso y si Brasil se lo ha concedido, al presidente Alfredo Palacio lo único que le corresponde es garantizar su salida del país. Necesitará habilidad para manejar el tema, pero no puede irse en contra de los acuerdos internacionales”, recomienda Arzube, para quien “la salida a esta crisis es la convocatoria urgente a una Asamblea Constituyente”.