Lo ocurrido anteayer en la ciudad capital tiene que ser leído en todas las direcciones, pero por la cortedad de un artículo de página editorial solo puedo anotar, por ahora, varias cosas puntuales, cuyo comienzo es aplaudir al pueblo de Quito por su enorme decisión y valentía para acabar con la dictadura, sin que medie la convocatoria de ningún partido político y sin que aparezca ningún líder que dirija la protesta de una sociedad civil autoconvocada y autodirigida.

De muchas maneras, la ausencia de los partidos y de los políticos en general en un acontecimiento como el que comento es un comportamiento inédito en la historia política del Ecuador de los últimos decenios, y la sociedad en su conjunto debe saber interpretar esos sucesos que dieron al traste con el gobierno de Lucio Gutiérrez,  y la primera de tales interpretaciones es la de que la ciudadanía está cansada de los partidos tal como están estructurados y del comportamiento de los políticos, por lo que una de las reformas que se deberán aprobar, en su momento, es aquella que obligue a los partidos y movimientos políticos a practicar internamente la democracia, para que sus dirigentes y candidatos sean escogidos en elecciones formales entre sus afiliados, controladas por el organismo electoral respectivo para dar fe de su autenticidad, porque de lo contrario, ¿cómo pueden aprender a practicar la democracia si en el interior de ellos no hay libertad ni democracia? Y el desencanto por los resultados es lo que ha motivado el grito de los jóvenes: ¡que se vayan todos!

Otra lección que los políticos ecuatorianos todavía no aprenden es que la soberbia los lleva al desastre, pues si Gutiérrez hubiera escuchado los múltiples llamados formulados desde todos los ámbitos del país y desde todos los sectores sociales para volver al Estado de Derecho impúdicamente vulnerado, a lo mejor todavía fuera huésped de Carondelet. Le hubiera costado poco ordenar a sus diputados –a los propios y a los adquiridos con el dinero del pueblo– que votaran dentro del Congreso por el retorno a la legalidad, pero prefirió mantener compromisos políticos repudiables que atender el clamor popular.

En un artículo precedente decía que las violaciones constitucionales perpetradas, con premeditación e insistencia, deben traer como consecuencia sanciones administrativas, penales y constitucionales, y efectivamente deben ser jurídicamente castigados los diputados que votaron en noviembre y diciembre contra el texto expreso de la Ley Suprema para integrar ilegalmente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, separándolos del Congreso Nacional mediante la aplicación del Código de Ética según el artículo 136 de la Constitución.

La gente ha rechazado la dictadura, exige no retornar a lo mismo y quiere organismos del Estado limpios, empezando por los tribunales, pero está equivocada cuando le pide a Alfredo Palacio que disuelva al Congreso porque eso no lo puede hacer. Si los combates cívicos librados han sido por lograr la reparación de la constitucionalidad burdamente rota por el Coronel y sus aliados, no deben requerir del nuevo Presidente que él también agreda a la Constitución.

Por eso le deseo suerte a Alfredo Palacio, a quien considero capaz, honesto y bien intencionado, porque va a tener apoyo ciudadano pero también muchas demandas que deberá atender provenientes de una población asediada por la corrupción y el caos, y “cascaritas” que le pondrán quienes quieren verlo fracasar.

Seamos positivos pensando que este combate victorioso contra la arbitrariedad, en el que una gran cantidad de gente joven ha participado, puede ser el punto de partida de una nueva forma de hacer política en el Ecuador.