El Primer Mandatario se halla  entre los primeros responsables de la crisis política actual, por lo que no tiene justificación política para coartar derechos esenciales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio o la libertad de expresión, esta última esencial en momentos de crisis como el que vivimos.

Igualmente absurda, y además inconstitucional, es la decisión del Ejecutivo de declarar cesante a la Corte Suprema de Justicia, porque la Carta Magna no le confiere atribuciones al Presidente para intervenir en otras funciones del Estado, y porque hasta último momento el Primer Mandatario le negó al Congreso esa atribución que ahora él pretende arrogarse.

Sería gravísimo si a continuación se atenta contra otras instituciones, de manera especial el Congreso Nacional. Por ese camino, el país acabará sometido a un régimen dictatorial.

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Para evitarlo, el Congreso deberá dejar sin efecto la designación de la Corte actual, corrigiendo las violaciones constitucionales cometidas. Y si el Presidente no deroga el Estado de Emergencia, el Congreso deberá hacerlo.

Las Fuerzas Armadas deberán abstenerse de participar de cualquier nuevo atropello a la Constitución.

La crisis no tendrá salida, sin embargo, mientras Gobierno y oposición no depongan posiciones y encuentren una fórmula de consenso que respete la voluntad ciudadana de designar una Corte independiente. Si el enfrentamiento entre ambos grupos nos ha llevado al borde de una dictadura, los ciudadanos estarán vigilantes para que ese atropello no se consume.