Técnicos de la Senatel tienen un informe favorable al proyecto de portabilidad numérica.

El titular de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), Sandino Torres, sostuvo ayer que el informe que pulen los técnicos de la institución favorece la aplicación de la portabilidad númerica.

De aplicarse este mecanismo, los clientes de las operadoras telefónicas –fijas y móviles– podrán mantener sus números aunque decidan cambiar de proveedor del servicio.

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El informe técnico deberá analizarse en el directorio de la Senatel, que deberá aprobar o negar el proyecto.

Los funcionarios de Porta comentaron que la portabilidad exigirá grandes inversiones en tecnología.

Los estudios técnicos, jurídicos y económicos favorecen la implementación de la portabilidad numérica –posibilidad de que un usuario pueda cambiarse de operadora telefónica sin perder el número–, comentó ayer Sandino Torres, titular de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

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Los técnicos encargados del análisis pulirán, hasta hoy, el informe favorable y, en las próximas horas, lo remitirán a Torres para que este lo ponga en conocimiento del directorio de la Secretaría. Es en esta instancia donde deberá aprobarse finalmente el proyecto; entonces, las siete operadoras de telefonía (fijas y móviles, ver gráfico) deberán aplicar los cambios que permitan adaptar el sistema.

“El informe es positivo porque el proceso es factible y beneficia al usuario; además, ninguna de las operadoras se opone”, dijo Torres.

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Sin embargo, voceros de Porta dijeron ayer que “más allá de las repercusiones comerciales y los beneficios para el usuario, el tema tiene enormes implicaciones técnicas y financieras” que exigen un análisis.

El objetivo es que el usuario insatisfecho con el servicio de una operadora pueda cambiarse a otra las veces que quiera, sin necesidad de perder el número o comprar un nuevo equipo, en el caso de los celulares. La única diferencia que observará el cliente es en la factura.

Julio García, vicepresidente de Regulación y Tráfico de Alegro PCS, explicó que si en máximo 30 días las autoridades legalizan la nueva norma, la prestación del servicio podría iniciar a mediados de año y desarrollarse en dos fases, en el caso de las móviles.

En una primera etapa, mientras el Gobierno convoca a licitación para la administración del proceso, se aplicaría un mecanismo de desvío de llamadas; es decir, el usuario llama y la central de la compañía con la que inicialmente contrató el servicio le remite a la nueva operadora que haya escogido.

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En la segunda fase, habrá un tercero que administrará una base de datos (con los números de todos los usuarios a nivel nacional) y procesará las llamadas.