Habiendo sido aludido en la edición del 12 del presente mes, en la reseña sobre la Asamblea de Guayaquil, debo puntualizar que “no fui usado por el gobierno”, como afirmó el Alcalde, sino que soy yo quien como Ministro de Policía estudió y encontró que la ley municipal no admite que la guardia privada sea financiada por la Municipalidad, que los municipios están obligados a colaborar con el Estado en la financiación de la Policía Nacional, y a formar su propia guardia municipal.

No me limité a oponerme a la colombianización del Ecuador, esto es la insurgencia de fuerzas armadas paralelas a la fuerza pública, como la proliferación de guardias privadas armadas dependientes de cualquier empresario dispuesto a ponerlas a las órdenes del mejor postor, que constituirían causa de inseguridad social, especialmente en circunstancias de contiendas políticas, sino que he ofrecido fórmulas legales concretas, recordando que cada municipio tiene el deber de cumplir la función primordial de contar con una guardia municipal. Hoy el Municipio de Guayaquil debiera mantener una fuerza de alrededor de tres mil guardias municipales que cumplirían, cada uno, una triple función: preventiva, informativa y testimonial. En síntesis, los municipios comparten con el Estado la responsabilidad de dotar de seguridad a la población. La organización de la Policía Nacional es una necesidad urgente que el Alcalde no puede seguir eludiendo.

El Estado no se opone a la existencia de la guardia privada armada, destinada a cuidar áreas determinadas. El Estado se opone: 1) A que el municipio financie con el dinero público a la guardia privada (que constituiría peculado), en circunstancias que la ley le impone financiar únicamente a la Policía Nacional ; y  2) A que la guardia privada sustituya, por sí sola, a la Policía Nacional en cualquier área geográfica de la ciudad, lo que implicaría autorizarla a disparar a su arbitrio. Cabe remarcar que el policía nacional cuando dispara goza de la presunción de inocencia, porque es un agente del Estado. Esto le permite actuar con seguridad frente al delincuente. En contraste, un guardia privado está expuesto si dispara y mata a ir a prisión mientras se ventila el juicio, circunstancia que lo inhabilita para actuar con firmeza ante el delincuente. Esto significa que la guardia privada, por sí sola, no es eficiente.

Publicidad

No es cierto que la Policía Nacional haya firmado un convenio que autorice el libre funcionamiento de las guardias privadas. Así como la firma de un concejal no obliga al Municipio, cuyo representante es el Alcalde, la firma de un oficial  de policía no obliga a la Policía Nacional que es persona jurídica que tiene su propio  representante legal, que no ha firmado ningún convenio autorizando la guardia privada.

Yo no me he ido. Los argumentos que he expuesto son irrefutables, sin importar que sea Ministro o no.

Dr. Jaime Damerval
Guayaquil