Comienzo por decir que no entiendo al Gobierno, pues a pesar de que el país se le viene encima, se empeña en mantener una Corte Suprema insostenible. Cualquier persona con medianos conocimientos jurídicos sabe que el nombramiento de la Corte en funciones fue absolutamente inconstitucional y que el problema subsiste exclusivamente por la voluntad omnímoda del Coronel, no obstante las presiones internas y la opinión internacional, pública y privada, unánimemente manifestada en contra de los procedimientos arbitrarios de tinte dictatorial.

La vulneración de cualquier precepto constitucional regulador del procedimiento legislativo puede dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad en todos los países democráticos como consecuencia del valor jurídico supremo de la Constitución a la cual todos los ciudadanos, organismos y poderes estamos sometidos. Es el caso de la Corte Suprema actuante, nombrada por medio de una Resolución, es decir de un acto parlamentario sin valor de ley –que además no está previsto en norma alguna por cuanto el Congreso Nacional carecía de facultades para aprobarlo– por lo que tal acto tiene que estar sujeto a control y revisión del Tribunal Constitucional, lo que deberá ocurrir cuando ese Tribunal deje de estar ilegalmente integrado y sea garantía de imparcialidad.

Asimismo, los actos dictatoriales en algún momento tienen que rendir tributo a la legalidad, lo que significa que más tarde o más temprano las aguas retornarán a su cauce y entonces tendrán que expiar sus culpas quienes han propiciado, conducido y adoptado las decisiones correspondientes. Por eso, si yo fuera gobierno, hace rato que me habría dado cuenta de que estoy llegando a un punto sin retorno y que en política, como en otras actividades, los pecados se pagan aunque las penitencias no las imponga el cura sino los tribunales pertinentes o la justicia intrínseca de la propia vida.

Por lo demás, todos los días renegamos del Presidente y del Congreso que nos gobiernan, pero ambos son fruto de una decisión popular, y si tenemos una sociedad mayoritariamente iletrada por culpa del mismo Estado que no ha podido proporcionar educación a su población, no podemos tener políticos formidables porque ellos son –proporcionalmente– el reflejo de sus electores.

Esa es la razón por la que, aunque se hayan hecho múltiples intentos, tales políticos no encuentren una solución para desatar el “nudito” gordiano que ellos mismos propiciaron y que, según un análisis del gigante Citigroup, es un caos político que alcanza niveles no vistos desde los años noventa y que impide que en el Ecuador haya nuevas inversiones, de nacionales o extranjeros, ni que se amplíen las existentes.

Con ese panorama, hasta las esperanzas se van consumiendo.