Cada vez que va a iniciarse un periodo lectivo surge folklóricamente el tema de la autogestión, con conceptualizaciones que confunden a la opinión pública y a los que manejan esta temática.

Se insiste que la autogestión es el aporte “voluntario” que los padres de familia dan a los planteles como cuota de matrícula, que hoy tiene un tope de $ 25 contraviniendo el art. 67 de la Constitución que dice: “...la educación pública será laica en todos los niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y  gratuita hasta el bachillerato”. Esto no es autogestión.

Si ese valor lo aportan los padres, este tiene que ser custodiado y planificadamente invertido por el comité central de padres para atender las necesidades urgentes, constituyéndose en un fondo privado en el que no tiene injerencia la Contraloría del Estado.

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La autogestión, en cambio, está concebida como los ingresos de la venta de bienes y servicios que los planteles generen. Dichos recursos se constituyen en fondos públicos y los valores deberán ser depositados en la cuenta del plantel y sujetos a la auditoría de la Contraloría; siendo responsables de estos el rector y el colector. En este escenario los planteles deben generar ingresos con la venta de bienes y servicios.

La Ley de Educación en su art. 324 autoriza el funcionamiento de bares y almacenes escolares, y el Acuerdo Ministerial 2371, regula el funcionamiento de los primeros, en costo y calidad de los alimentos, no permitiendo la venta de comida chatarra y a precios exagerados. Asimismo deberían crearse unidades de producción para obtener fondos para una autonomía, a través de la autogestión, pero con un manejo transparente de los valores que ingresen a la colecturía del plantel.

En relación con los fondos  del “aporte voluntario” de los padres, deben ser manejados con responsabilidad, pero esto no acontece en algunos casos. Conozco un plantel de esta ciudad que, según información de prensa, está en total deterioro, especialmente en el área eléctrica y de mobiliario, en el cual un ex miembro del consejo directivo “compró” en el almacén de un familiar 71 millones de sucres de material eléctrico, que en su mayoría no ingresó al plantel; el ex rector está pagando una glosa de 232 millones de sucres, y la ex colectora salió del país cuando fue llamada para hacer la auditoría financiera por parte de la Contraloría.

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¿Cuántos casos más habrán? Reclamamos atención financiera, pero no sabemos administrar lo que hemos obtenido. Deberían establecerse mecanismos de control que impidan estos hechos en perjuicio de la educación.

Dr. Wilmer Zambrano Aguilar
Guayaquil