“No es parte ni tiene ninguna resolución vinculante”. Así se refirió la mañana de este miércoles, José Guerrero Bermúdez, asesor jurídico de la presidencia, al informe presentado por el observador especial de la ONU, Leandro Despouy, quien indicó el pasado 4 de abril que la designación de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Ecuador reviste una “manifiesta inconstitucionalidad” y el Gobierno debe remediar esa situación.

El asesor de la Presidencia, en entrevista con Teleamazonas, manifestó que se pretende hacer creer al país que “estamos en un estado que no es jurídico, lo cual es falso. Estamos en absoluto estado de derecho”. Ello lo dijo luego de ser cuestionado un día después de que en el Congreso Nacional no se consiguieron los votos suficientes para cambiar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reestructurada el pasado 8 de diciembre por una mayoría parlamentaria pro gobiernista, tras la promesa del Primer Mandatario de que cesaría.

Para hacer una nueva reestructuración en la Corte Suprema, de acuerdo a Guerrero, “tendría que hacerse la discusión de la reforma constitucional o reforma a la ley orgánica de la función judicial, cumpliendo los plazos que la ley establece”.

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La oposición reunió solo 50 votos (de 51) a favor de una moción para que el Congreso tramite una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial para la cooptación.

Los diputados aliados al régimen dejaron sin piso las negociaciones del ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, con la oposición, sobre el mecanismo para cesar a la CSJ y elegir una nueva.

Gilmar Gutiérrez (SP) cuestionó la participación de Ayerve y denunció que la oposición pretendía que el Ejecutivo aprobara un texto que ni siquiera fue consultado entre los diputados del régimen.

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Al no reunir los votos para su aprobación, la oposición reclamó a Ayerve por la falta de cumplimiento a su palabra y la presentación del texto del independiente Mesías Mora, mediante el cual la CSJ no cesaría ahora sino solo una vez elegida una nueva, mediante un comité de calificación de cinco miembros.

Pero la oposición no es la única que critica la legalidad a la Corte dirigida por Guillermo Castro Dáger. En la presentación de su informe anual ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Despouy, quien observó el contexto jurídico-político en Ecuador, estimó “ausente de legalidad” el modo cómo fueron removidos los integrantes de los tribunales Constitucional (TC), Electoral (TSE) y la Corte Suprema. En esas instancias “todos sus miembros fueron destituidos sin juicio político, y reemplazados por otros sin que hubiese mediado un proceso de selección tal como establece la Constitución”, agregó.

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Sin embargo, Guerrero no da mayor importancia a dicho informe. “El señor Despouy (es una instancia que) está antes de que comiencen las instituciones de las Naciones Unidas. Decir lo contrario, es desconocer la carta de las Naciones y el procedimiento. Por lo tanto, él es un observador que como tal no es parte ni tiene ninguna resolución vinculante... Esto tiene que entrar al trámite normal para confirmarlo”, manifestó.

Finalmente, dijo que el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, no va a botar la actual “Corte porque todos estén haciendo o no presión”, porque ya previamente sostuvo que esta CSJ “es transitoria”.