El Gobierno y la oposición se juegan hoy una carta importante para superar la crisis jurídica que agobia al país, aunque todo depende del siempre complicado juego político en el Congreso Nacional.
 
Ambos bandos lograron acercar posturas para reorganizar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el centro de la polémica jurídica desde diciembre pasado, cuando una mayoría parlamentaria afín al régimen, mediante métodos cuestionados por la oposición, reestructuró el alto tribunal a la medida del interés de la coalición oficialista.
 
El 8 de diciembre pasado el Congreso destituyó a los jueces de la Corte Suprema por considerar que habían sobrepasado el periodo para el que fueron designados y nombró en su lugar a otros jueces que aparentemente respondían a los partidos afines al Ejecutivo.
 
No pasaron tres meses de esa jugada política y el presidente de la Corte, Guillermo Castro Dáger, decidió hace dos semanas anular los juicios por presunta corrupción contra su amigo Abdalá Bucaram, refugiado en Panamá desde 1997, año en el que fue apartado de la Presidencia del país por el Congreso, que lo declaró "incapaz mental para gobernar".
 
Bucaram regresó el primer viernes de este mes a Ecuador ya sin presiones judiciales, pero ese hecho enardeció a los opositores que ahora piden la cabeza de Castro y una reorganización total de la función judicial.
 
La oposición, encabezada por Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC), culpan de la crisis al gobierno del presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, quien niega ese extremo.
 
Pese al alto nivel de tensión, el Gobierno y la oposición lograron abrir un espacio de diálogo para superar la crisis en un plazo, que si todos cumplieran sus compromisos, debería acabar hoy con la aprobación en el Congreso de las reformas judiciales.
 
El acuerdo incluye, según fuentes parlamentarias consultadas por EFE, la destitución de los jueces de la actual Corte Suprema, la aprobación de reformas para que colegios electorales nombren a sus sucesores y una posible convocatoria a una consulta popular para que el pueblo ratifique las enmiendas.
 
Sin embargo, otra posibilidad que se ha abierto en el diálogo es la aprobación en la Cámara de una reforma a la ley de cooptación en la función judicial, para que los nuevos jueces sean elegidos por la misma judicatura.
 
El partido de Gobierno, la Sociedad Patriótica, ha insistido en que la reforma debe acometerse, pero sospecha que quizá hay algunos partidos de la oposición que quieren retrasar el acuerdo para generar el caos en la nación.
 
Los opositores, en cambio, culpan al régimen de tratar de imponer sus reformas para salir bien librado de la crisis que le acusan de haber generado.
 
Pese al diálogo, ambos bandos han expresado sus mutuas desconfianzas, aunque también tienen cartas escondidas para afrontar una eventual ruptura de los acuerdos.
 
Los opositores anuncian una paralización total e indefinida desde esta medianoche si no se reestructura la Corte.
 
Mientras, Gutiérrez exhortó al Congreso, en un mensaje televisado a la nación, a que apruebe las reformas a la función judicial lo más pronto posible.
 
"Dicha reforma -dijo-, deberá permitir el cese inmediato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dar luz verde para nombrar a una Corte independiente de las mafias políticas y económicas".
 
Asimismo, señaló que una vez aprobadas las reformas se debería convocar una consulta popular "para que el pueblo sea el que ponga el sello definitivo" a la despolitización de la justicia.
 
El Jefe de Estado dijo sospechar que hay partidos de la oposición que intentan negociar los cargos en la Corte Suprema, aunque alentó a que se llegue a un consenso para eliminar la influencia de los partidos políticos en la justicia. "Tenemos que dejar en herencia a las futuras generaciones un país más justo, honesto, con mayor bienestar y auténticamente democrático", afirmó.