Jorge Mogollón, ex representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aseguró que en caso de que el Gobierno envíe nuevas reformas a la Ley de Seguridad Social después del rechazo del Congreso a la Ley Topo, estas deberían ser aprobadas por todos los actores sociales.

Mogollón, quien renunció a su cargo el lunes anterior, debido a  discrepancias con el Gobierno con respecto al cuerpo legal, expresó que la ley fue realizada de manera inconsulta. “Fue hecha por el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos”, aseguró.

Las reformas a la Seguridad Social en la ley establecían un sistema mixto de pensiones, a través del ahorro paralelo en el IESS y en administradoras privadas de fondos; eximían al Gobierno de financiar el 40% de las pensiones jubilares y establecían reglas respecto al incremento de las prestaciones. Según Mogollón, el hecho de que el Gobierno no aporte el 40% de las pensiones, habría generado un déficit en el IESS por  $ 153 millones al año, lo que habría llevado a la quiebra y posible desaparición del IESS en cinco o seis años.

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“Lo dicen los estudios actuariales”, manifestó y agregó que la ley estaba diseñada para que el IESS nunca tenga una administradora propia porque establecía que esa operación solamente se haría con recursos administrativos. 

Mogollón expresó por primera vez su preocupación al respecto en una comparecencia en el Congreso y, asegura, dialogó al respecto con la Presidencia de la República.

Otro punto con el que discrepa Mogollón era la disposición expresa de la ley de que no se den incrementos de pensiones jubilares mientras exista un déficit actuarial en el fondo de pensiones. “Todos los fondos tienen déficit actuariales permanentes, por lo que siempre sería imposible mejorar las pensiones”, explicó.

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Mogollón dijo que detrás de las reformas se involucraron intereses del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Bancos (SB) y de los empresarios privados. Aseguró que la SB recibía poderes excesivos en el proyecto.

Los empresarios privados –agregó– tenían interés en establecer administradoras privadas de fondos, mientras que al Ministerio de Economía le convenía librarse del 40% de las pensiones.