La Corte Penal Internacional (CPI) nació en Roma en 1998 y comenzó a funcionar el 17 de julio del 2002. Fue ratificada por 60 países. Su objetivo es llevar ante la justicia a personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y crímenes de agresión.

Actualmente tiene 90 países miembros, entre ellos Ecuador, pero con la oposición de naciones como China, India, Rusia, Israel y, sobre todo, EE.UU., que no ratificó el estatuto, por temor a que sus responsables políticos o personal militar puedan ser objeto de “denuncias interesadas”.

Esencialmente EE.UU. busca que sus tropas si cometen un delito mientras están en comisión en territorio extranjero, no puedan ser juzgadas en ese país ni por la CPI.

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El hecho toma vigencia actual cuando sus tropas están en Iraq, mantiene en su Base de Guantánamo, Cuba, a detenidos con el tratamiento de terroristas y no como prisioneros de guerra y cuando interviene en misiones de paz o de combate al narcoterrorismo en Colombia.

Los principios básicos de la inmunidad a sus ciudadanos están en la Ley de Protección de los Soldados aprobada en el Congreso de EE.UU. por impulso del senador republicano Jesse Helms.

Esta ley dispone entre otras cosas que ninguna agencia de gobierno en EE.UU. coopere con la CPI y que el presidente de EE.UU. utilice el veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la protección ante la CPI a los soldados estadounidenses que integren misiones de paz.

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Además, ningún país que haya ratificado el tratado de Roma recibirá ayuda militar estadounidense (a excepción de sus aliados europeos, y de Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Taiwan). El presidente de EE.UU. podrá levantar esta prohibición si la ayuda militar es en el mayor interés nacional y si el país en cuestión firma un acuerdo bilateral para dar inmunidad al personal estadounidense ante la CPI.