Discrepancia política para ‘despolitizar’ la Suprema

Legisladores denunciaron ayer que los partidos están buscando representación en la Corte.

El interés de los partidos de asegurarse magistrados afines a su tendencia política entrampó ayer las negociaciones para el cambio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Así lo reconocieron los diputados independientes cercanos al gobierno, Rafael Dávila y Rodrigo García.

Por ello tampoco se llega a un consenso sobre el comité que seleccionará a los ministros; y ahora se habla de que la designación sea por sorteo.

Los diálogos se intensificarán este fin de semana.

El interés por asegurar magistrados afines a los partidos políticos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la causa de la dilatoria para que el Congreso no pueda aprobar una fórmula para cesar a la actual Corte y nombrar una nueva, denunciaron ayer diputados de oposición y aliados del Gobierno.

La despolitización de la justicia es una utopía, dijo el independiente Rodrigo García (G-7), “porque los intereses que están detrás de la Corte son económicos, porque los financistas de los partidos políticos presionan a esas tiendas partidistas para asegurar magistrados afines”, denunció.

Las negociaciones políticas para concretar un acuerdo en la designación de los magistrados se intensificarán el fin de semana. Ayer, la Izquierda Democrática, a través del diputado Guillermo Landázuri, anticipó que el martes empezaría a discutirse el texto para cesar en un solo debate a la CSJ, y que cederá a la realización de la consulta popular, pero aclaró que será una sola pregunta sobre lo que apruebe el Parlamento, a fin de elevar a la categoría constitucional el texto de ley.

El presidente del Congreso, Omar Quintana (PRE), comentó que lo único que quieren el PSC y la ID es recuperar el poder en la CSJ para volver a “ajusticiar” a todo el mundo, incluido al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez.

Alertó al régimen mantenerse aliado con quienes lo han respaldado, y no “retroceder mostrando debilidad y entregarse otra vez a quienes lo quisieron tumbar”, acotó.

El jefe de bloque de Pachakutik, Julio González, indicó que no creen en el Gobierno, porque por un lado invita a la oposición para buscar una salida a la crisis y por otro no asegura los votos de sus aliados (SP, PRE, G-7 y G-5).

El problema radica según González en que en este momento hay algunos partidos que están haciendo el juego al Gobierno, porque aparentemente están con la oposición, pero hacen un trabajo para el régimen, en espera de cuotas dentro de la Corte.

El independiente Rafael Dávila comentó que el punto crítico de la reforma legal es quiénes integrarán el colegio que calificará y designará a los magistrados; “no puedo dejar de señalar que sigue habiendo sectores políticos interesados en manejar cuotas de poder en la Función Judicial”.

Dijo que para no entorpecer las conversaciones no revela los nombres de los sectores políticos que pretenden cuidar y ganar espacios políticos en la Corte; “pues algunos están cuidando que no entre determinado colegio y otros pugnan por espacios, con el fin de asegurar una cuota en la Corte”, aseguró.

El legislador Rodrigo García, del G-7, comentó que el problema  radica en quién designará a la nueva Corte y para ello se plantea un comité de calificación, donde cada sector pretende imponer a un representante, para asegurar al menos un par de jueces.

Comentó que para evitar ese conflicto de intereses y pugnas por el reparto, el G-7 plantea que el comité únicamente calificará a los aspirantes y luego de una preselección se realice un sorteo, con lo cual habría más independencia en el proceso. “Para ello es necesario quitarnos las máscaras”, sentenció.

LEGISLATIVAS

REFORMA
Los diputados de los bloques PSC, ID, DP y PSE ratificaron ayer que el mecanismo de selección de los nuevos magistrados se realizará a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que será incluida en el proyecto de ley de cooptación presentado por Wilfrido Lucero, diputado por la ID.

CESACIÓN
El texto en discusión empieza con la cesación de la actual CSJ y además aclara que la Corte de 1997 y los magistrados cooptados hasta el 2004, han terminado su periodo de ejercicio.

ACLARACIÓN
Pascual del Cioppo, presidente del PSC, manifestó ayer mediante comunicado, que el intento de su partido de llegar a un acuerdo para “encontrar la solución final para regresar a un Estado de Derecho”, no significa que haya un acercamiento con el Gobierno. Al contrario, ratificó la oposición radical del PSC contra el régimen.