Hacemos votos para que este esfuerzo responda a las expectativas de la mayoría de ciudadanos. El objetivo no deberá ser simplemente el de reemplazar unos jueces por otros, sino designar una nueva Corte Suprema, independiente y libre de interferencias de los partidos políticos. No saldremos del empantanamiento si lo único que se consigue es un nuevo reparto de cuotas. Lo fundamental es devolverle a los ciudadanos la confianza en la Justicia.

Por ese mismo motivo, habrá que meditar muy bien en la propuesta de convocar a una consulta popular, ya que la misma podría poner a los ciudadanos ante la disyuntiva injusta de tener que aprobar en bloque lo que acuerden los partidos políticos que participan de esta negociación, o de lo contrario resignarse a que la actual Corte Suprema permanezca en funciones. Forzar así la opinión popular no sería una actitud democrática.

Las consultas populares, además, muchas veces han adquirido un matiz político que poco tiene que ver con el contenido de lo que se pregunta, convirtiéndose más bien en una muestra de rechazo o aprobación al régimen de turno. En un asunto de tanta trascendencia como la independencia de las cortes, algo así sería inadmisible.