Ante el juez 7º de lo Penal del Guayas, Jorge Guzmán Navarrete, la ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado Tamayo, se defendió ayer de la acusación de supuesto prevaricato que existe en su contra por parte de Freddy Lainez Morán, representante legal de la compañía Faproban, “empresa presuntamente vinculada al Banco del Progreso en proceso de saneamiento”, según afirmó Salgado.

La ex funcionaria acudió a las 10h00 al Juzgado 7º de lo Penal, en el primer piso del Palacio de Justicia, a la audiencia preliminar que había convocado el juez Guzmán. Durante el acto procesal, a través de su abogado defensor, Víctor Marcel Romero Bastidas, Salgado manifestó que “la acusación no cabe. El fiscal José Cuéllar Punín no debió darle trámite porque la orden de incautación (de los bienes de Juan José Pons Arízaga) fue de carácter administrativa, dictada por la gerenta de la AGD”.

Explicó que ella no actuó como juez al ordenar la incautación de esos bienes, sino como gerenta de la AGD.

Publicidad

Según la causa, el prevaricato se inicia luego del 3 de junio del 2003, fecha en que Salgado ordenó la incautación de los bienes de Pons Arízaga, de los administradores de las compañías Costatrading, Faproban y Agrícola Tey y Costafumigación, empresas presuntamente vinculadas al Banco del Progreso.

La ex gerenta de la AGD insistió en la vinculación de Costatrading en el hecho de que “esta compañía, una de las mayores deudoras de los bancos en saneamiento (56 millones de dólares como deuda al 22 de febrero del 2005) recibió cifras millonarias en créditos concedidos por el Banco del Progreso, sin garantías, únicamente con la entrega de pagarés y letras de cambio firmadas por Pons Arízaga y Pons Cruz”, destacó.

El otro acusado, Carlos Chiriboga León, no compareció; lo hizo a su nombre el defensor público Walter Jaramillo.