El Ejecutivo se comprometió ayer públicamente a no vetar el proyecto que el Congreso apruebe para cesar a la actual Corte Suprema de Justicia y nombrar a los nuevos magistrados.

No obstante, la promulgación del proyecto se cumplirá siempre que los cambios legales obedezcan a las líneas acordadas en los diálogos entre el Gobierno y representantes de los diversos bloques legislativos.

Esto es: que los cambios se realicen mediante una reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que el cese de la CSJ se dé una vez que se cumplan los dos debates legislativos respectivos, y que luego se realice una consulta popular para ratificar lo aprobado por el Congreso.

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El resto del proyecto está siendo modificado en una combinación de las sugerencias del Ejecutivo y de los diversos bloques, explicó ayer el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, quien aseguró que se han intensificado las conversaciones para afinar el texto que deberá será debatido por el Congreso.

Las aproximaciones entre ambos sectores continuarán a fines de semana con el propósito de tener listo el documento final para la sesión parlamentaria del próximo martes “y así poder dar una solución al problema de la Corte”, indicó Ayerve.

El Gobierno es optimista de poder alcanzar en las próximas horas un acuerdo definitivo con el Parlamento, de ahí que prefiere no recurrir aún a los ofrecimientos de mediación que han realizado organismos como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Embajada de EE.UU.

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Al abortar este tema, Ayerve agradeció las expresiones de apoyo emitidas por muchos sectores del país para la tesis del Gobierno de privilegiar el diálogo como única salida a la crisis judicial que vive el Ecuador.

En ese contexto, señaló que el régimen en caso de ser necesario hará un pedido oficial no solamente a la Iglesia, sino a otros organismos para que intervengan como mediadores en el conflicto actual.