Talvez los niños que todavía no nacen podrán ver, cuando lleguen a la adultez, algún cambio en la política ecuatoriana, si acaso la sociedad en su conjunto hace un esfuerzo supremo en las próximas dos décadas por impulsar programas educacionales transformadores que enseñen, esencialmente y entre otras cosas importantes, a respetar la ley y a tener conciencia de lo que eso significa y de los beneficios que producirá al país.

Con el respeto a la ley disminuirá la corrupción, y la Constitución y las normas en general serán cumplidas, con los obvios márgenes de inobservancia propios de una sociedad que –como humana– peca o se equivoca. Pero si se acata la ley, esa misma sociedad será menos proclive a hacer lo que le da la gana como ha ocurrido siempre y acaba de ocurrir, una vez más, en la política ecuatoriana, movida permanentemente por los intereses en juego.

Aunque el responsable principal y directo del desastre nacional es el coronel Gutiérrez, no es botando a Gutiérrez como se resolverán los problemas del país, a pesar de los méritos que ha hecho para que lo saquen, al haber propiciado y luego aceptado complacientemente el asalto y la demolición de las instituciones democráticas nacionales más representativas. Naturalmente que el Coronel ha podido hacer lo que hizo, primero por haber contado con todos los recursos de que dispone el Estado, entre los cuales está el dinero para comprar voluntades, y segundo, por haber tenido al frente a una oposición fragmentada, desorganizada y sin liderazgo que no ha podido ponerse de acuerdo ni siquiera en el núcleo del problema que era y sigue siendo el cese de la ilegal Corte Suprema y la nominación de una nueva que sirva para reiniciar una marcha ordenada hacia el Estado de Derecho, hoy desaparecido luego de ser víctima de una vil agresión.

Pero retomando el análisis, ¿hay algún proyecto bien meditado y elaborado para recomponer la sociedad ecuatoriana? Porque si el Coronel termina su mandato o los tribunales de facto dejan de actuar, habrá una vez más el consabido cambio de nombres pero la estructura seguirá igual, y eso es muy preocupante. Lo dicho no quiere significar que por este solo hecho, los tribunales ilegalmente nombrados no deban cesar, sino hacer notar la tragedia de que no hay programas serios para efectuar modificaciones profundas que nos saquen de una vez por todas de esta pantomima de democracia que vivimos.

La sociedad ecuatoriana está formada a la fecha por cuatro segmentos: el Gobierno y sus aliados; la oposición con sus partidos y movimientos políticos; el gran abanico de la sociedad civil, y un inmenso grupo marginal de gente que no opina ni decide pero que vota en las elecciones y que cíclicamente se deja cautivar por los encantadores de serpientes y hasta por las propias serpientes. A los primeros no les interesa hacer propuestas democráticas y los últimos no están en posibilidad de hacerlo, mientras que la oposición luce tan descoordinada que es poco lo que puede producir, por lo que solo la sociedad civil, si toma forma y esculpe un liderazgo, podría generar reformas. Por eso pregunto, al día de hoy y luego de cumplidos los propósitos de las violaciones democráticas operadas –con la complicidad del MPD y del Prian que se quieren bajar de esta nueva camioneta–, ¿después de Lucio qué?