Mientras las protestas se mantenían en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, en el Parlamento se hacían reformas a un nuevo texto que envió el Ejecutivo para salir de la crisis.

En el Congreso se analizó un documento propuesto por el régimen para cesar la actual CSJ.

La Embajadora de EE.UU. reiteró respaldo al régimen electo democráticamente.

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La oposición y el gobierno de Lucio Gutiérrez  iniciaron ayer un tercer acercamiento para consensuar un texto que cesa a la Corte Suprema de Justicia.

Pachakutik se abrió del diálogo, pero lo condicionó a que participen ID, PSC, PSE y DP.

Diputados conminaron al Ejecutivo a no vetar la propuesta que se trabajó ayer en el Congreso Nacional.

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Una reunión en la madrugada de ayer, en el domicilio del socialista Enrique Ayala Mora, con el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, y el diputado Luis Fernando Torres (PSC), permitió un nuevo acercamiento del régimen con la oposición, en la búsqueda de una fórmula para salir de la crisis judicial.

El texto propuesto por el Ejecutivo en la cita circuló  en el Parlamento, y luego de varias consultas la Izquierda Democrática se incorporó a la negociación, mientras que Pachakutik anticipó su retirada.

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Un grupo de ocho diputados del PSC, PSE, ID, DP e independientes introdujo cambios en el documento. Estos partidos, los independientes y el gobierno sumarían 60 votos.

La fórmula propone introducir en el proyecto de Ley de cooptación, cuyo trámite está en segundo debate,  un texto que reforme el artículo 12 de la ley de la Función Judicial.

Se plantea como primer artículo la cesación de la actual CSJ, de los magistrados elegidos en 1997 y los cooptados hasta el 2004; además declara vacancia judicial de la Suprema. La cesación se realizará una vez que el proyecto se publique en el Registro Oficial.  Los cambios eliminan la posibilidad de que luego de la reforma se realice una consulta popular para ratificar lo aprobado por el Congreso.

La designación de los magistrados será mediante un Comité de Calificación, formado por cinco miembros y no siete, como propuso Ayerve.

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El comité lo integran un representante de los tribunales de honor de las colegios de abogados; los decanos de las facultades de jurisprudencia de las universidades que tengan más de diez años de existencia; las cortes superiores y tribunales distritales; la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep). Estos elegirán a un quinto.

Con ello dejan la comisión el delegado de la Federación Nacional de Servidores Judiciales, la Comisión del Control Cívico de la Corrupción, las cámaras de la Producción y centrales sindicales, y los canales de televisión, propuestos por el Ejecutivo.

Se ratifica que la Corte la integrarán 31 magistrados. Entre los requisitos se establece como límite de edad 75 años; se elimina el rendimiento de pruebas a los candidatos, así como la vinculación política.

Se mantiene la prohibición para quienes hayan sido sentenciados como autores, cómplices o encubridores de algún delito, o ser deudores morosos del Estado.

La designación de los magistrados será efectuada, por esta ocasión, por las dos terceras partes del Comité, cuyo organismo tiene 15 días para conformarse y en un plazo similar elaborar el reglamento de concurso, donde se incluyan los criterios de calificación y los puntajes a aplicarse.

A esto se suma que los miembros del Comité Calificador contraten, para la evaluación y selección de los postulantes, la asistencia y el informe público de por lo menos dos firmas auditoras de reconocido prestigio nacional y mundial. Se determina que las vacantes que se produzcan con posterioridad a la designación de magistrados, serán llenadas mediante el sistema de cooptación.

Protestas callejeras
Segundo día.
  Las manifestaciones de la oposición y grupos estudiantiles se mantuvieron por segundo día consecutivo frente al edificio del Congreso, mientras la CSJ tenía fuerte resguardo policial. La Policía usó gases lacrimógenos.

En el Ministerio de Bienestar Social, en tanto, se realizó una asamblea de apoyo al Gobierno.