Magistrado Román asegura que prestará sus servicios a quienes los requieran

Luego de ser acusado como “abogado de narcotraficantes” por parte del presidente de la CSJ, Guillermo Castro Dáger, a través de su secretario, Peter Quevedo, el magistrado Ramiro Román se defendió esta mañana.

El presidente de la CSJ fue acusado ayer de boicotear la instalación del pleno de ese organismo para impedir su destitución, según lo denunciaron sus opositores, liderados por el ministro Ramiro Román.

A las 08h00 de este viernes, un cordón policial de unos 200 efectivos bloqueó el acceso de magistrados y empleados al edificio de la CSJ.

Horas más tarde, Quevedo aseveró que Román trataba de tomarse la Presidencia de la Corte, por lo que mantiene conversaciones con el presidente subrogante de la CSJ, Francisco Icaza, para que este se excuse del cargo y, en su reemplazo, asumir él esa responsabilidad.

Quevedo aclaró que la orden de Castro, que restringe el ingreso al Palacio de Justicia, busca cuidar la integridad física de los magistrados y de los funcionarios judiciales frente a las movilizaciones que se producen en los alrededores del edificio de la CSJ.

Sobre las afirmaciones de Quevedo, el magistrado Román, en diálogo con Teleamazonas, explicó su participación como abogado en los casos del capitán de Policía, César Zurita, a quien se lo vinculó en el caso de Carlos Hong Mayorga; y de Jorge Reyes Torres, que permanece preso en el ex penal García Moreno, desde el 25 de noviembre del 2001, por tráfico de 72.782 gramos de cocaína.

“He sido un abogado en libre ejercicio 22 años, como dijo el doctor Carlos Julio Arosemena. A quien nos busque para requerir nuestros servicios, tenemos que prestárselos. Si a un médico, un paciente le pide que lo opere porque se va a morir, tiene que ejercer su profesión”, comparó. Pero al momento de argumentar su posición, dijo que dentro de lo que hizo, “la defensa del señor César Zurita, edecán del general Correa, fue el único absuelto del caso, incluso fue invitado por la Embajada Norteamericana para recibir cursos. También se hizo una audiencia de revisión en el caso del señor Reyes Torres. Yo nunca he escondido las cosas y se ha transparentado mi trabajo profesional”.

Por otro lado, Román expresó su descontento con el titular del máximo organismo de la función judicial, “quien sigue dictando providencias de ese tipo, violentando la ley”.
 
Anunció que él junto a otros magistrados intentarán nuevamente ingresar a las salas de la CSJ porque “nosotros tenemos que cumplir una función para la que fuimos elegidos, que es trabajar”.

Aunque los magistrados siguen estancados en quince votos de los 21 que necesitan para destituir a Guillermo Castro, el funcionario aseguró que seguirá en la lucha, “porque es un clamor de la ciudadanía que el señor Castro Dáger deje la presidencia de la CSJ”.

Detalle de los casos Hong y Reyes

Jorge Hugo Reyes Torres, cabecilla de una organización narcodelictiva junto a Hernández Zambrano y Mireya Santa Cruz Delgado, es acusado por tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito y posesión ilegal de armas.

En diciembre de 1999, se establece una condena de 25 años, por delitos relacionados con drogas, que se le impondría a Reyes Torres. Pero el 8 de febrero del 2001, sale en libertad, mediante boleta de excarcelación del Juzgado 3º de lo Penal de Pichincha.

Actualmente, Reyes está preso en el ex penal García Moreno, desde el 25 de noviembre del 2001, acusado del tráfico de 72.782 gramos de cocaína

Carlos Julio Hong Mayorga, sentenciado a seis años de reclusión menor por el delito de narcotráfico, recuperó su libertad en septiembre, tras haber permanecido tres años en prisión.

Hong había sido condenado además por los delitos de tenencia ilícita de estupefacientes, organización, tráfico y enriquecimiento ilícito. Fue acusado de liderar una banda de narcotraficantes que operaba en Colombia, Ecuador y Estados Unidos, por lo que fue detenido el 27 de agosto del 2001 en una mecánica de pintura de vehículos, ubicada al norte de Quito, donde se encontraron 122 kilos de cocaína.

Tres meses después el general de Policía, Abraham Correa, y su ayudante, el capitán César Zurita, fueron vinculados a la red de Hong. Ambos fueron investigados y luego, sobreseídos.

En el caso Hong hay 27 implicados, entre ellos el general Abraham Correa Loachamín, quien fue jefe de la Policía Judicial del Guayas y Director de Inteligencia de la Policía Nacional.

Correa, quien actualmente está libre y no se encuentra en la institución, fue involucrado por la Policía Antinarcóticos debido a su cercanía con Hong, captada en fotos anexadas al proceso penal.