Internos exigen que se aplique el artículo 24, numeral 8 de la Constitución y se restituya el 2x1.
 
Acostado sobre un sucio cartón en la pestilente celda de castigo de la Penitenciaría del Litoral, el interno Luis Alarcón Pachito aguarda a que el Tribunal Constitucional (TC) declare ilegal la figura de la detención en firme, que le permitirá acogerse a la garantía constitucional del artículo 24, numeral 8.

La norma deja en libertad a las personas que tienen más de seis meses (delito de prisión) o un año (delito de reclusión) presos sin sentencia.

Alarcón lleva tres y solo una vez, hace un año, fue trasladado a una audiencia en algún juzgado de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Desde esa fecha no sabe nada más de su juicio.

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Su situación legal la comparten alrededor de 500 internos de la Cárcel de Varones de Guayaquil, de los cuales cerca de 40 iniciarán hoy una huelga de hambre con carácter indefinido.

La medida pretende presionar al TC para que declare inconstitucional la prisión en firme y exigir además que se restituya la Ley del 2x1 (rebaja en la mitad de la pena).

Byron Briones, presidente del Comité de Internos, advierte que ninguno de sus compañeros acudirá a las audiencias en los juzgados, hasta que no obtengan una respuesta favorable.

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“A más de la huelga de hambre nos encontramos en desobediencia judicial”, aclara el dirigente, quien también defendió la ventaja del 2x1, pues con esa se beneficiarían alrededor del 30% de los 4.000 reos que habitan en los 24 pabellones de la Penitenciaría.

El lugar está colapsado, se quejan los internos, pues solo tiene capacidad para 1.200. La superpoblación provoca hacinamiento. En una celda de 1 metro de ancho por 2 de largo conviven de 6 a 8 personas y el resto debe dormir en los pasillos, tendidos sobre periódicos o colchones malolientes.

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En el pabellón C Bajo, José Salazar Quiñónez, con sida y tuberculosis, aún espera morir en su casa. Lleva 15 años pagando una sentencia de 16, que con el 2x1 se reduce a 8.