El Parlamento incluyó ayer en el orden del día el debate y resolución de la crisis de la Función Judicial, lo que será discutido hoy, mientras el Ejecutivo anunció el envío de un nuevo proyecto de reforma a la ley orgánica de la Función Judicial, que plantea el cese inmediato de la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso no encontró el respaldo político suficiente para cesar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y ayer volvió la violencia al Legislativo: forcejeos, bombas lacrimógenas y la toma como rehén del jefe de la escolta, Crnel. Herman Feijó.

Ante la imposibilidad de reunir 51 votos para cambiar la CSJ, la oposición volvió a atrincherarse en el pleno del Parlamento hasta las 17h40 y ahora apuesta a la movilización ciudadana para ejercer presión sobre los diputados prianistas e independientes para materializar su objetivo.

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Lo único que logró ayer la oposición fue incorporar una vez más en el orden del día el tema, para que el pleno analizara y resolviera la situación jurídica de la CSJ. La moción la planteó el jefe de bloque de la ID, Jorge Sánchez, y fue respaldada por 54 votos. Se incluyeron, a más de la oposición, dos socialistas, un cefepista, un roldosista, el bloque del G-7 y un demócrata popular.

La sesión se instaló a las 10h25 con la presencia de 65 diputados. Tras la aprobación del orden del día que se declaró en sesión permanente hasta que el Parlamento concluyera con la discusión de la ley urgente denominada Topo y resolviera sobre la crisis judicial; los diputados abrieron el debate de la ley emergente, que según anticiparon el PSC, ID, Prian, PK, MPD, PSE será negada por inconstitucional.

En el desarrollo de la sesión el rumor de que miembros de la Asamblea de Quito, reunidos en la Casa de la Cultura, se dirigían en marcha hacia el Parlamento preocupó a los prianistas, independientes, gobiernistas y roldosistas, que a las 12h45 comenzaron a abandonar la sala. La lista de inscritos para el debate de la ley urgente también concluyó y el presidente del Congreso, Omar Quintana (PRE), confundido suspendió la sesión argumentando que no había el quórum reglamentario, mientras que la oposición instaba para que se tomara lista.

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Afuera del Legislativo, los manifestantes eran dispersados por la policía con gases lacrimógenos, cuyo efecto ingresó al hall del Congreso y afectó a unos 40 diputados, que permanecían en la sala reclamando la instalación de la sesión. En el lugar se improvisaron fogatas para reducir la intensidad del gas; los diputados quemaron los papeles del proyecto de la ley topo.

Quintana con el vicepresidente Jorge Montero (CFP), abandonaron el recinto por la puerta lateral del estrado, en medio de pifias.

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La oposición no logra más de 47 votos y ahora lo que se espera es tomar el camino de la manifestación ciudadana para que obligue a los prianistas e independientes a decidirse sobre el cambio de la Corte, aseveró el legislador Alfonso Harb (PSC), quien dijo además que la posición ambigua del grupo G-7 y el doble discurso de los prianistas impiden la cesación de la Corte.

Hoy los diputados volverán a reunirse a las 09h00, y como primer punto estará el análisis y resolución sobre la situación de la CSJ.

EJECUTIVAS

Apoyo al mandatario
El tránsito vehicular en los alrededores de Carondelet fue suspendido ayer por la tarde luego de que cerca de 30 taxistas (de la cooperativa Mi taxi) bloquearon la calle García Moreno para expresar su apoyo a Lucio Gutiérrez. Varios funcionarios del Ministerio de Bienestar Social estaban ahí, entre ellos Argentina Cisneros, directora del programa Aliméntate Ecuador.

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Diálogos
El secretario de la Administración, Fausto Cobo, explicó ayer que el Ejecutivo continúa en la búsqueda de soluciones constitucionales para nombrar una nueva CSJ y que la estrategia es apelar a la oposición para que retome los diálogos.

Prevención y coerción
Ayer, antes de que estallaran los incidentes entre la policía y los manifestantes de la Asamblea de Quito, Cobo advirtió que si alguien atenta contra los elementos estructurales del Gobierno, el Estado tiene en la ley, la fuerza suficiente para prevenir, eliminar y neutralizar las amenazas, mediante medidas preventivas e incluso coercitivas.