La designación de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) reviste una "manifiesta inconstitucionalidad" y el gobierno debe remediar esa situación, afirmó este lunes el Relator Especial sobre la independencia de los  magistrados y abogados de la ONU, Leandro Despouy.
 
En la presentación de su informe anual ante la Comisión de Derechos Humanos  de las Naciones Unidas, Despouy, quién estuvo hace pocas semanas en el país,  estimó "ausente de legalidad" el modo como fueron removidos los integrantes del  Tribunal Constitucional,el Tribunal Supremo Electoral y la CSJ.
 
En esas instancias "todos sus miembros fueron destituidos sin juicio político, y reemplazados por otros sin que hubiese mediado un proceso de  selección tal como establece la Constitución", agregó.
 
Despouy le recomendó a las autoridades ecuatorianas que no pierdan de vista  "los estándares de las Naciones Unidas", reiterándoles los parámetros para  resolver el problema de la Corte Suprema, que deben contemplar independencia de  magistrados, aptitud y probidad de los mismos, y que se los elija con un  mecanismo de transparencia.
 
Recalcó al respecto "la cooptación, como garantía de no intervención externa en la composición futura de la Corte", y que se le permita a la  ciudadanía "conocer y opinar sobre los candidatos".
 
Una vez solucionada la crisis en torno a la Corte Suprema, Despouy le solicitó al gobierno ecuatoriano que expida una ley que reglamente la función  judicial y otra que garantice la carera judicial, que establezca "una eficaz  defensoría pública", y que concrete "el principio de unidad jurisdiccional".
 
La delegación ecuatoriana en esta Comisión leyó una intervención escrita, en la que agradeció la visita del relator al país, prometiendo una reforma a la  administración de justicia que permita superar "los vicios que la han conducido  a su evidente postración", planteando una "reestructuración de las cortes de  justicia y su despolitización".
 
Ecuador aprovechó esta ocasión para anunciar que la Presidencia había  presentado a debate en el parlamento "una reforma legal cuyo objetivo  primordial es que la administración de justicia sirva eficazmente para la  consolidación plena de la democracia participativa, la vigencia efectiva y el  respeto cabal de los derechos fundamentales de la persona".