Las autoridades brasileñas anunciaron este lunes la detención de once policías sospechosos de ser los autores de la matanza de 31 personas que marcó el resurgimiento de "grupos de exterminio" adormecidos desde hace una década.
 
Según la Secretaría de Seguridad del segundo estado más populoso del país, siete están bajo proceso administrativo y el resto detenidos por mandato judicial.
 
Los autores de la matanza, al menos cuatro hombres en dos vehículos, dispararon indiscriminadamente desde un automóvil contra quienes encontraron a su paso en un recorrido entre Nova Iguazú y Queimados, dos municipios del área metropolitana de Río de Janeiro, el viernes de madrugada.
 
En total fueron asesinadas 31 personas, incluyendo dos adolescentes y un niño, y otras tres quedaron gravemente heridas. Sólo dos de las víctimas tenían registros policiales.
 
La Secretaría y la Policía Federal anunciaron también hoy la creación de una Fuerza de Tareas Especiales conformada por efectivos adscritos al gobierno federal y al estatal para proseguir con las investigaciones de esta matanza que ha sacudido a Brasil.
 
La principal sospecha de los investigadores es que el múltiple crimen sea una reacción a la depuración en las filas de la policía y al arresto de ocho uniformados el pasado martes.
 
El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Marcelo Itagipa y el Superintendente de la Policía Federal, José Milton Rodrigues, conciliaron hoy todas las informaciones recabadas por separado en este caso al que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó dar toda prioridad para encontrar a los culpables. 
 
La fuerza especial estará dedicada a combatir los grupos de exterminio en todo el estado.
 
La existencia de estas bandas criminales formadas por policías en ejercicio y retirados en asociación con criminales comunes son un secreto a voces en varios estados de Brasil, pero es en las favelas y suburbios de Río de Janeiro donde se mantienen más activos.  
 
Las investigaciones coinciden con el envío a Río de Janeiro de una unidad de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, una unidad federal especial que se incorporará a la lucha contra el tráfico de drogas y de armas en el estado.
 
El envío de esta unidad ya había sido decidida a comienzos de año, cuando fue anunciado un plan integral de seguridad destinado a contrarrestar el auge del crimen común en el estado, explicaron las autoridades.
 
Uno de los sospechosos señalados como jefe del grupo de exterminio, el policía militar Julio César do Amaral de Paula, se entregó hoy a la Policía Federal.
 
Las autoridades han ofrecido una recompensa de 5.000 reales (unos 1.800 dólares) a quienes den informaciones que ayuden a resolver este caso. Hasta el lunes han sido reportadas más de 1.000 llamadas a un número disponible para hacer denuncias anónimamente.
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Geraldo Moreira, pidió al Ministerio Público protección especial para 18 testigos de la matanza, incluyendo dos sobrevivientes.
 
Los testigos están siendo amenazados por teléfono y personalmente y tiene miedo de salir de sus casas, según el diputado.
 
"Tienen miedo de buscar protección de la Policía Militar, ya que todo indica que miembros de esta institución están involucrados en la masacre", explicó Moreira.
 
De estos 18 testigos, 14 son niños y adolescentes de cuatro a 16 años.
 
El domingo las autoridades habían anunciado la detención administrativa de los dos primeros policías, identificados como José Augusto Moreira Felipe y Fabiano Gonzalves Lopes.