Apenas 76 de los 5.000 burócratas que anunció el Gobierno salieron de sus cargos, en febrero pasado.

El plan de “supresión de partidas” o despidos de funcionarios en el sector público perdió el primer trimestre del año: solo salieron 76 de los 5.000 funcionarios que anunció, desde finales del año pasado, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Mauricio Yépez.

¿Continuarán los despidos? El titular de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres), Ramiro Espín, dice que el proceso está en manos de Economía. Yépez, en cambio, que todo está a cargo de la Senres. “La Senres tiene las listas”, indicó Yépez, la semana anterior.

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“Nosotros no tenemos nada, lo que se está esperando es el dictamen presupuestario de Economía y el desenrolamiento se dará en los próximos días”, señaló Espín.

Fuentes de Economía, sin embargo, ratificaron que el proceso no avanzó como esperaba el Gobierno porque no hay el dinero suficiente para pagar las indemnizaciones. Los funcionarios despedidos deben recibir, por disposición de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 1.000 dólares por cada año de servicio.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se necesitan alrededor de $ 100 millones, que serían financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo, sin embargo, hasta el 31 de marzo, no contemplaba ese crédito.

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Si el MEF decide continuar con el desenrolamiento tendrá que hacerlo con recursos del Presupuesto, lo que implicaría recortes en otras áreas.

Pese a los anuncios oficiales, que se repiten en cada intervención, Yépez no ha explicado cómo financiará el plan gubernamental y Espín no ha presentado las listas ni las evaluaciones que –en teoría– concluyeron el mes pasado.

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La demanda de inconstitucionalidad y las movilizaciones planteadas por la Federación de Servidores Públicos tampoco se concretan.

Según las previsiones del Gobierno, la salida de 5.000 servidores públicos iba a significar un “ahorro” de $ 30 millones anuales. Los despidos, sin embargo, representan el 1,6% de la burocracia, de ahí que no implica una reducción significativa de la masa salarial y del presupuesto.

Por otra parte, la Senres empezó la reestructuración de sus áreas administrativas.

PREVISIONES

NOTIFICACIONES
Ramiro Espín, secretario de la Senres, explicó en febrero que el desenrolamiento se aplicaría, en una primera fase, en 36 de las 69 entidades públicas contempladas en el plan. Los primeros despedidos trabajaban en el Ministerio de Economía.

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POLÍTICAS
La resolución de la Senres que contiene las políticas, normas e instrumentos en los que se basa la supresión de puestos públicos, se publicó en el Registro Oficial Nº 528.

RECHAZO
La Federación de Servidores Públicos rechazó los despidos, pues afirma que no hubo una evaluación para hacer la lista de quienes iban a ser removidos.