La defensoría legal de Ecuador, dentro de la solicitud de arbitraje que el país presentará mañana a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la propuesta de la Unión Europea (UE) de imponer un arancel de 230 euros (300 dólares) a sus importaciones de banano, tendrá un costo aproximado de 50.000 dólares.

Así lo precisó Diego Ramírez, subsecretario de Desarrollo Organizacional y miembro de la comisión de apoyo para la negociación del banano ante la UE, quien advirtió que si el país no presenta la demanda, el costo sería superior.

La defensa en favor de Ecuador la ejercerá el centro de Asesoría Legal de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dependencia que está financiada por el propio organismo, motivo por el cual el valor no es más alto.

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Al costo de la asesoría, inferior al que cobraría un bufete de abogados independientes, según Ramírez, se sumarían otros como la contratación de expertos profesionales asesores, en distintas áreas.

La solicitud de arbitraje será consolidada en una sola junto a las solicitudes de Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá. El trámite lo cumplirá la misión diplomática ecuatoriana ante la OMC, en Ginebra-Suiza.

Al igual que los demás países latinoamericanos exportadores de la fruta, Ecuador cuestiona la metodología utilizada por la UE para fijar el nuevo arancel.

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Para justificar su solicitud ante el organismo regulador del comercio, el país cuenta con un estudio técnico que determina que el arancel propuesto por el bloque europeo no permite el acceso de la fruta y reduciría las exportaciones del banano a ese mercado; además de una propuesta acerca de la metodología adecuada para fijar el nuevo arancel.

Al mostrarse confiado de que los resultados del arbitraje estarán listos antes de diciembre de este año, Ramírez precisó que el trámite legal tomará seis meses como mínimo.

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La decisión del arbitraje está en manos de un panel o grupo de árbitros designados por la OMC, quienes deberán determinar si el arancel de 230 euros es legal o ilegal. Luego de conocer su veredicto, la UE debe decidir si revisa o no su propuesta de arancel.