El 21 de mayo de 2003, el diputado León Febres-Cordero (PSC), en una sesión extraordinaria del Congreso denunció que en el gobierno de Gustavo Noboa se cometieron irregularidades en la renegociación de la deuda externa, que llegaría a 9 mil millones de dólares. Al siguiente día, la fiscal Mariana Yépez abrió la investigación. Para el 23 de mayo la Fiscal tenía indicios de dos delitos penales, uno por peculado y otro por una disposición arbitraria de saldos de bonos globales y honorarios de consultoría a la empresa Salomon-Smith-Barney.

A los seis meses de la denuncia, la Fiscalía acusó de peculado y falsificación documental a Noboa. Sin embargo, la Contraloría determinó responsabilidades administrativas antes que penales, al haber creado, por decreto, una comisión para la renegociación. Explicó que no se podían imputar responsabilidades penales.

Así, el entonces presidente de la CSJ, Armando Bermeo, no dictó orden de prisión para Noboa. Yépez apeló este fallo y el caso pasó a la Primera Sala de lo Penal, en agosto de 2003. El 23 de ese mismo mes, Noboa se asiló en República Dominicana.

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En el otro juicio que se tramita en la 2ª Sala Penal, la Fiscalía estimó (en enero pasado) que Noboa abusó de fondos públicos por $ 126,4 millones, más los intereses en bonos globales para colocarlos en los bancos Pacífico y Filanbanco.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 2004, la fiscal a cargo de estos casos, Ana María Crespo, desestimó la acusación principal. “Ya era insostenible mantener estas indagaciones, se estaba exponiendo (los funcionarios de la Fiscalía) a un enjuiciamiento civil y penal”, dijo Joffre Campaña, abogado defensor de Noboa.

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