La última decisión del Congreso Nacional de rechazar en su totalidad la terna de candidatos para Ministro Fiscal General que le presentó el Consejo Nacional de la Judicatura es sin duda un remezón fuerte a nuestro sistema jurídico. La decisión crea un  precedente que tarde o temprano devorará a sus autores.
Como ya se ha advertido, la Constitución no contempla entre las atribuciones del Congreso Nacional la de rechazar dicha terna de candidatos. Presentada ella a consideración del Congreso, lo único que este puede hacer es seleccionar a una de las personas que la conforman o guardar silencio. Si hace esto último se entiende que ninguno de los candidatos goza de su aceptación y que si el primero de ellos en la lista entra en funciones lo hace por el “ministerio de la ley”. Ello no quiere decir que el Congreso haya perdido su potestad de control sobre las actuaciones del Ministro Fiscal, aunque dicho control lo deberá ejercer siguiendo el procedimiento previsto.

Lo que acaba de suceder no solamente es una flagrante violación de la Carta Fundamental –hecha nada menos por quienes hasta hace poco exigían “retornar al estado de derecho”– sino un grave error. Y es que se ha sentado un peligroso precedente. Mañana el Presidente de la República (el actual o el próximo) también podrá, por ejemplo, rechazar la terna que el Congreso le proponga para elegir al Contralor General del Estado. Se las devolverá invocando cualquier razón o ninguna.

Pero, tan grave como lo anterior es la amenaza que se ha hecho al Tribunal Constitucional, en el sentido de que los magistrados que llegasen a votar a favor de declarar inconstitucional lo resuelto por el Congreso –y que es lo lógico– serán enjuiciados y echados del cargo. Así de sencillo. Probablemente no debería llegarse a ese extremo, pues, jurídicamente hablando, ya podría posesionarse quien encabezaba la dichosa terna.

Si la oposición creía tener como su mejor credencial el que su accionar se enmarcaba dentro de la Constitución, esto ha terminado. Se le va a hacer muy difícil en adelante mantener la coherencia que exhibía hasta hace poco y seguir hablándonos de una “Corte de facto” o de que el Presidente es un dictador. Qué pena que ya se fue el famoso Relator de la ONU.

Pero, probablemente lo peor de la resolución del Congreso no es su inconstitucionalidad ni el nefasto precedente que ha creado. Lo más grave es que confirma que la manipulación del Ministerio Público para fines de persecución política vino para quedarse. Eso explica la desesperación de quienes han llegado al extremo de darle un nuevo balazo a la Constitución con tal de tener “su” Ministro Fiscal, ahondando más nuestra inseguridad jurídica.

Ni los fenómenos de El Niño, ni la guerra contra el Perú, ni la crisis financiera han provocado tanto daño a la economía como la inseguridad jurídica provocada principalmente por esta perversa politización de la justicia. Lamentablemente ninguno de sus responsables es aún capaz de percatarse de esto.