Continuando luego con el intento de manipular el feriado de Semana Santa para que el Congreso no pudiese sesionar, y terminando con esa parodia de diálogo en el Palacio de Carondelet que solo sirvió para corroborar la incapacidad del Ejecutivo para resolver la crisis de la Corte Suprema de Justicia.

Los grupos de oposición, por ende, tenían sobrados motivos para discrepar con la forma en que el Presidente venía conduciendo este asunto, y fueron lícitas sus advertencias del daño que esto le causaría a la nación.

Pero la oposición dio un paso en falso cuando desde el Congreso Nacional resolvió anular o devolver al Ejecutivo la terna que envió para Fiscal General. La Constitución de la República no le otorga esa atribución a los legisladores, que solo podían escoger a uno de los candidatos o aceptar que se imponga el primero por ministerio de la ley.

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El país vive una crisis política crónica y el Ejecutivo sin duda tiene su cuota de responsabilidad; pero, cuando el Congreso Nacional –o cualquier otra institución– atropella la Constitución, no contribuye a resolver el impasse sino que lo profundiza. Mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, es quizás el defecto político más enraizado en nuestro medio.