Permitir el ingreso de la empresa privada para mejorar la producción estatal de crudo es el único objetivo que impulsó al Gobierno a plantear las reformas a la Ley de Hidrocarburos, que constan en el proyecto de Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado (Ley Topo).

Con la legislación vigente, las petroleras privadas no pueden operar las áreas administradas por la estatal Petroecuador, y su participación se limita a realizar trabajos específicos, tal como consta en los artículos 2 y 17 de la Ley de Hidrocarburos que el Ejecutivo quiere reformar.

La primera parte de los cambios propone eliminar la palabra ‘específicos’ de los contratos de obras, bienes o servicios; y la segunda, abre la posibilidad de que el Estado firme ese tipo de contratos en cualquier fase del proceso hidrocarburífero –incluida la producción–.

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Además, se sugiere que el pago de los servicios  sea con el incremento de la producción: en dinero efectivo, con crudo o de ambas formas.

Petroecuador contaba, a diciembre del 2003, con reservas de 2.200 millones de barriles de crudo, localizadas, en su mayoría, en las cinco grandes áreas: Shushufindi, Sacha, Libertador, Lago Agrio y Auca. La meta, según técnicos de la estatal, es aumentar esa cifra en los próximos dos o tres años, al menos, en el  50%.

Hugo Bonilla, titular de la estatal, dijo que si los diputados pasan las reformas se “brindará mayor tranquilidad (incluso al proceso de licitación actual) y no se correrá el riesgo de que (los contratos) se detengan en la Procuraduría, por una palabra mal interpretada”.

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El futuro de las reformas “genera expectativas en las empresas interesadas”, aseguró Bonilla, y más aún en aquellas que participan en el actual proceso de licitación, en donde se busca incrementar la producción de los campos Shushufindi, Auca, Lago Agrio y Culebra-Yulebra. “Creen (las empresas interesadas) que puede haber mejores condiciones”, afirmó Bonilla.

Pero René Ortiz, presidente de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, dijo que el proyecto es ambiguo y no beneficia a nadie: “No existe una definición clara y concreta de lo que quieren hacer”.

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Aunque para Francisco Espinosa, titular de la Asociación de Empresas Prestatarias de Servicios, las reformas en sí son buenas porque buscan agilizar procesos en la estatal.

Eduardo López, ministro de Energía, en cambio, dice que las cosas son sencillas, “la contratista asumirá el riesgo de la perforación que deba realizar y solo cuando exista producción incremental se le cancelará, en caso contrario (ella) asume la pérdida”.

Sin embargo, ejecutivos de la petrolera británica Hocol, empresa que participa en asociación con Tecpetrol en el actual proceso licitante, están en desacuerdo con López.

Según ellos, si la meta es incrementar la producción de los campos, las contratistas deben operar y gozar del derecho de saber cómo se manejará el trabajo y no recibir órdenes de Petroecuador.

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OBJETIVOS

Operación de campos
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos persiguen que la operación de los campos de producción pase a las empresas privadas: “será convenida por las partes en el contrato respectivo”, consta en el proyecto.

Ofertas
Las empresas interesadas en los cuatro campos estatales que ahora están en licitación, deben ofertar una buena curva base (porcentaje de declinación natural), si quieren considerarse ganadoras, dijo la semana pasada, Hugo Bonilla, presidente de Petroecuador.

Reservas
Debido a la falta de inversiones adecuadas, las reservas petroleras caen en 7% anual, según Petroecuador.

Contratos
El Ejecutivo busca extender los contratos de obras, bienes o servicios específicos, a las fases de refinación. La norma vigente no aplica para esa parte, ni para la producción.