Según el reglamento de la Función Legislativa, las sesiones de los martes se inician a las 10h00 y los miércoles y jueves a las 09h00, afirmó el presidente del Congreso, Omar Quintana, el 14 de marzo pasado en Guayaquil. Por esta razón, dijo, clausuró la sesión del 11 de marzo (jueves) a las 09h55. “No puede ser que el Congreso dé un mal ejemplo y empiecen las sesiones con una hora y media de retraso. Pero, para evitar conflictos y los diputados no digan que yo quiero clausurar la sesión voy a esperar el tiempo que ellos quieran”, añadió.

Aseguró además que hay diputados que no dejan trabajar, porque él incluye temas importantes en el orden del día como la Ley de Educación o del Anciano, pero que estos insisten en temas como el de la Corte Suprema de Justicia, cuando ni siquiera tienen los votos suficientes a su favor.

En esa misma línea, se pronunció el diputado Roberto Rodríguez (PRE), quien justificó la clausura de la sesión del martes pasado, antes de que se instale, porque solo había 33 legisladores en el lugar y que los de la oposición llegaron después. Pero aseguró que Quintana y la mayoría gobiernista no abandonaron el recinto, a pesar de no haber quórum, porque “había un complot para tomarse el Congreso”. Sobre la sesión del 10 de marzo, dijo, los diputados del gobierno y el PRE solo aprovecharon la cafetería para conversar entre ellos.

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Mientras, la diputada Cynthia Viteri (PSC) afirmó que ahora la estrategia de la mayoría gobiernista no es clausurar las sesiones por falta de quórum, sino cambiar a la escolta legislativa y sacar a los diputados con la escolta legislativa o bombas. Aclaró que no es que no le interese a su partido tratar leyes como la de Educación o del Anciano, sino que Quintana trata de evitar que el tema de la Corte y el fiscal, importantes para el país, se debatan en el Parlamento.

Aseveró que entre los diputados del PSC y la ID suman 42 legisladores y el PRE, 15. “Si ellos asistieran puntualmente, habría quórum siempre”, sostuvo.

Según la legisladora, incluso se suspendieron las sesiones extraordinarias (en las tardes) con el argumento de que no hay temas para debatir, cuando el año pasado, la Comisión de lo Civil y de lo Penal (que ella presidió) presentó 121 informes para debatir en primera y segunda.