El gobierno de Brasil trabaja en la próxima  apertura de los archivos secretos de la dictadura militar (1964-1985), que  serán liberados porque la sociedad "tiene derecho a la memoria", afirmó el  secretario de Derechos Humanos, Nilmario Miranda. 
 
Los archivos de la Agencia Brasileña de Información (Abin), que incluyen  material del extinto Servicio Nacional de Informaciones (SNI), y documentos de  la Comisión General de Investigación (CGI) están siendo clasificados, explicó  Miranda entrevistado por el diario Estado de Sao Paulo este sábado. 
 
Esta evaluación es la primera etapa de un proceso iniciado luego que el  presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva aprobara en diciembre pasado  la apertura de los archivos del régimen militar, que estaban protegidos por una  ley de confidencialidad. 
 
 "La línea del gobierno es abrir. El derecho a la verdad y la memoria es un  derecho fundamental de la sociedad y de la ciudadanía", dijo Miranda, que citó  al sociólogo francés Alain Touraine al recordar que "el pueblo tiene derecho a  la memoria". 
 
 Una vez catalogado, el material será digitalizado y llevado a la Sede del  Archivo Nacional en Rio de Janeiro, donde podrá ser consultado por el público,  aunque con algunas restricciones, en caso por ejemplo que pueda representar  amenaza para la seguridad del Estado o violar la privacidad de las personas,  dijo Miranda. 
 
Las consultas también podrán ser hechas por internet, agregó. 
 
La apertura de los archivos sería anunciada de manera oficial "en los  próximos días", afirmó Estado en base a la entrevista con Miranda. 
 
La nueva ley firmada por Lula estableció que el plazo máximo de reserva de  los documentos secretos del Estado catalogados como ultrasecretos es de 30  años, en tanto que el de los documentos clasificados como secretos,  confidenciales y reservados es de 25, 20 y 10 años, respectivamente. 
 
Lula reformó otra ley firmada por su antecesor, el socialdemócrata Fernando  Henrique Cardoso, que en diciembre de 2002, algunos días antes de culminar su  mandato, extendió de 30 a 50 años el plazo de protección de los archivos  militares.