Con indignación he podido observar por los medios de comunicación a diputados jactarse de ser  defensores de la institucionalidad y la Constitución, cuando sus partidos políticos en distintos momentos  han pisoteado la Carta Magna en defensa de los intereses particulares.

Lo más trágico es que con miras a la reorganización de la Corte Suprema de Justicia, hemos escuchado, entre otros disparates, la declaración de nulidad y el periodo de vacancia del más alto tribunal de justicia del Ecuador. En cuanto a la nulidad, es necesario aclarar que sus efectos jurídicos son los de volver todo lo actuado al estado anterior del acto generador de la misma, lo cual implica dejar sin validez no solo los nombramientos de vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y todas las resoluciones dentro de los recursos de casación, de hecho y de revisión, dictados por las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia; lo cual provocaría un caos institucional.

Además de una burla politiquera constituye un irrespeto a los derechos de los usuarios de la Función Judicial, y al libre ejercicio profesional de los abogados. Por otra parte se propone descaradamente entrar a un periodo de vacancia obligada hasta que el Congreso apruebe un mecanismo para designar a los magistrados, con lo cual pretenden dejar una Función Judicial acéfala, nuevamente perjudicando a los usuarios del sistema de administración de justicia; todo, debido al capricho de algunos inconscientes legisladores.

Publicidad

Estas fórmulas sin duda han sido efímeramente analizadas, por los que se han empeñado en retomar el control de la CSJ, que hipócritamente han denominado ‘de facto’; cuando bien sabemos que en su momento ellos también  apoyaron y designaron funcionarios, nombrados inconstitucionalmente; o ¿es que acaso el Dr. Fabián Alarcón no fue un presidente de la República de facto, al igual que la saliente ministra Fiscal de la Nación, nombrada de una terna ‘devuelta’ y presentada fuera del término constitucional?

Tito Yépez Liut
Quito