Aseguran que proyecto plantea la redistribución de asignaciones que reciben por parte del Estado.

La Asociación de Municipalidades (AME) y el Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) rechazan la redistribución de sus asignaciones, planteadas en el proyecto de Ley de Racionalización Económica del Estado (denominado Ley Topo).

Los dos argumentos que sustentan la reforma son, a la vez, la razón de su rechazo: la propuesta del Ejecutivo realiza, por un lado, cambiar la base que sirve para la distribución de las rentas a los organismos seccionales a nivel nacional y, por otro, cambiar los porcentajes de las asignaciones e incluir un parámetro de eficiencia sobre la base a los ingresos propios.

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Para ello, prevé modificar la Ley de Distribución del 15% del Presupuesto a los organismos seccionales, la de Régimen Municipal, la de Desarrollo Seccional y la de Régimen Tributario Interno.

El Concope sostiene que la base para calcular las transferencias disminuye y que la distribución del 15% cambia, debido a la posible aplicación de un indicador de eficiencia (derivado de la generación de ingresos propios), así como la mayor importancia otorgada por el proyecto a los sectores con necesidades básicas insatisfechas.

“No se puede medir el grado de eficiencia de un consejo provincial en relación al total de ingresos propios... por cuanto las condiciones son distintas”, dice un análisis del Concope.

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Otras observaciones son nuevas restricciones para el endeudamiento de los organismos seccionales, así como la eliminación del rubro de gasto corriente (sueldos, pagos de luz, agua, teléfono, compra de insumos administrativos, etcétera ) de las asignaciones del Fondo de Desarrollo Seccional (Fodesec).

En la Ley de Régimen Tributario Interno, el Gobierno plantea calcular las preasignaciones tributarias sobre la base a la recaudación neta (excluidas las donaciones), en lugar de la total como consta en la legislación actual.

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A nivel de municipios, la distribución de la Ley del 15% también incluye un indicador de eficiencia, por la generación de ingresos propios; limita los aportes que reciben los cabildos; y le da al Ministerio de Economía la facultad de autorizar o rechazar las transferencias, previa una solicitud de los alcaldes.

Gustavo Abdo, director ejecutivo del Concope, anunció la oposición de los consejos provinciales, por considerar que, con excepciones, se reducen sus presupuestos, si esos cambios se realizan.

Lorens Olsen, alcalde de General Antonio Elizalde (Bucay) y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), también se manifestó en contra y dijo que en los próximos días se publicará la posición conjunta de los alcaldes del país, en rechazo a estos cambios que se buscan a través de las reformas que plantea el Gobierno.

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Yépez, defendió ayer su reforma, frente a varios diputados: “Este (la distribución a los organismos seccionales) es un tema importantísimo, porque trata de la equidad en el país. Lastimosamente, la reglamentación de la Ley del 15% estableció que se priorice el número de habitantes sobre las necesidades insatisfechas”.

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El Banco Mundial (BM) propone “condicionar” la entrega de los recursos de la Ley del 15% (que en este año superan los 600 millones de dólares) a cambio de que los consejos provinciales y los municipios asuman nuevas competencias: que sean más eficientes en su gestión en las diferentes ciudades y muestren una política de gastos transparente.

Frases

“Se va a repartir de manera inequitativa el Fondo de Desarrollo Seccional”.

Lorens Olsen
Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador

“Si queremos discutir seriamente este tema, sentémonos a debatirlo; a nosotros no nos consultaron nada”.

Gustavo Abdo
Director ejecutivo del Concope