Un grupo de diputados opositores al presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, se atrincheró este martes en el parlamento para protestar por la designación del Fiscal General y el poder que ejercen los aliados políticos del mandatario en la Corte Suprema (CSJ).
 
Al menos 35 diputados decidieron permanecer en la sala de sesiones del poder legislativo, en rechazo a la decisión del presidente del parlamento, Omar Quintana, de negarse a instalar la reunión en la que las facciones opositoras se aprestaban a resolver la designación del titular de la Fiscalía General.
 
En respuesta a la protesta, Quintana ordenó la desconexión de la electricidad y del sistema de audio de la sala, pero no conforme con eso resolvió atrincherarse junto con diputados aliados para evitar los supuestos intentos de la oposición de autoconvocarse y adoptar una resolución sobre el caso.
 
"Quieren un fiscal a su medida", dijo Marcelo Dotti, diputado del partido Social Cristiano (PSC), que junto a otros partidos intenta bloquear que el oficialismo nombre al fiscal.
 
El parlamento de 100 miembros tiene que elegir hasta el 30 de marzo al fiscal de una terna integrada por un organismo adscrito a la CSJ, cuya integración es objetada férreamente por la oposición desde que en diciembre sus 31 magistrados fueron instaurados por el oficialismo.
 
La resolución fue adoptada a pesar de que el parlamento no tenía la facultad constitucional para intervenir a la CSJ, un movimiento que ha sido cuestionado por las Naciones Unidas, que ha reclamado que Ecuador retorne al "estado de derecho".
 
Las facciones opositoras se oponen a los miembros de la terna para la Fiscalía General debido a que la elección de cualquiera de ellos presuntamente representaría la consolidación del poder que ejercen Gutiérrez y sus aliados políticos -principalmente partidos populistas- en las cortes locales.
 
En el caso de que la legislatura no se pronuncie, el cargo sería ocupado por los próximos seis años por el abogado Jorge López, cuya candidatura ha sido impulsada por altos funcionarios de Gutiérrez, un militar retirado con 26 meses de gestión.
 
La Fiscalía General -que dirige las investigaciones penales- se encuentra acéfala desde el 11 de febrero.
 
En medio de esta batalla por el control de los órganos judiciales, Gutiérrez plantea como alternativa un referendo para reorganizar al sistema judicial mediante una consulta a la población a fin de determinar si acepta o no que un colegio electoral integrado por 13 representantes de la sociedad civil dirija una reestructuración de la CSJ.
 
La propuesta de Gutiérrez no tiene ni siquiera el apoyo del bloque oficialista, que se muestra renuente a renunciar al poder que ejercen ahora en la máxima corte del país, así como en los tribunales Electoral (TSE) y Constitucional (TC), organismos que igualmente son vitales dentro del ordenamiento democrático.