Dictámenes polémicos de la Fiscalía

La ex fiscal Mariana Yépez intervino en ocho casos de gran importancia, porque los implicados eran funcionarios del Estado, incluso ex presidentes de la República. Este Diario analiza esos casos, pues los dictámenes de Yépez causaron polémica.

Las partidas extra de Carlos Julio Emanuel 

En junio del 2002 el alcalde Azogues de ese entonces, Víctor Molina, denunció que en el Ministerio de Economía se cobraba coimas por la tramitación de partidas extrapresupuestarias para los municipios. El 23 de agosto del 2002 la Contraloría involucró al ex ministro de esta cartera, Carlos Julio Emanuel.

En la instrucción fiscal 46-2002, la fiscal Mariana Yépez consideró que Emanuel no incurrió en el delito de peculado, sino que era encubridor en la falsificación de documentos. Mientras que a otros nueve imputados se los acusó de un supuesto cohecho y falsificación de documentos.

El 20 de diciembre del 2002, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, Armando Bermeo, consideró que sí hubo peculado, y llamó a juicio a Emanuel y a los ex funcionarios Jorge Morán y Galo Farfán.

El caso está en la Segunda Sala Penal de la Corte por apelación. Emanuel recibió asilo territorial en Panamá.

La Contraloría emitió un nuevo informe, en abril del 2004, en el que se retracta del documento de agosto del 2002. En él dice que el sistema informático del Ministerio tenía fallas que permitieron el registro de movimientos presupuestarios y contables en fechas equivocadas, pero no hay indicios de que fueran ordenados por Emanuel.

Caso Andrade-Gutiérrez

El 29 de septiembre de 1999 se denunció que había irregularidades en un pago de $ 23,4 millones por la reliquidación del contrato de la construcción de la carretera Méndez-Morona, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la constructora brasileña Andrade-Gutiérrez.

La fiscal Mariana Yépez no encontró irregularidades, el 25 de octubre de 2001 (13 meses después) se abstuvo de acusar a los sindicados: el ex presidente de la República, Fabián Alarcón, el ex procurador del Estado, Milton Álava, los ex ministros Marcos Flores, Homero Torres, además de Fausto Miranda, Jaime del Pozo y Patricio Vivero.

Basado en ese dictamen, el titular  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de esa época, Galo Pico, sobreseyó a todos los acusados. Aun así, la Contraloría sostiene en el informe a la nación del 2004 que se trató “de un pago o desembolso indebido en perjuicio del Estado”.

El 19 de enero pasado, la Sala de lo Contencioso  Administrativo de la CSJ resolvió que esta empresa devolviera los $ 23,4 millones, con sus respectivos intereses (cerca de $ 70 millones en total) al Estado.