Regularización lleva 200.000 peticiones

La Administración española ha recibido más de 200.000 solicitudes de regularización de trabajadores extranjeros cuando se cumple mes y medio de este proceso de legalización de inmigrantes, que comenzó el pasado 7 de febrero y concluirá el próximo 7 de mayo.

El Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales informó de que el ritmo de recepción de solicitudes se incrementa cada día e incluso se han llegado a registrar 11.000 en una jornada, y es previsible que se acelere en las últimas semanas.

Para el Ministerio, las más de 200.000 solicitudes demuestran la buena marcha del proceso, al que podrían acogerse un máximo de 600.000 extranjeros (el número de inmigrantes irregulares empadronados en España considerados población activa).

El principal problema del proceso, según las fuentes, no han sido las colas ni la falta de documentación, ya que prácticamente todas las solicitudes cumplen los requisitos, sino las heladas registradas en muchas zonas agrarias.

Esto ha provocado la caída en la contratación y, por lo tanto, pocas peticiones de regularización en determinadas regiones españolas eminentemente agrícolas.

Ante esta situación, el Ministerio y los agentes sociales españoles acordaron la semana pasada flexibilizar el proceso en el sector agrario: los tres meses de contrato exigidos se podrán hacer efectivos en un periodo de un año con el compromiso de uno o varios empresarios.

El reglamento de la ley de extranjería ha sido el encargado de establecer los requisitos para participar en este proceso de normalización de trabajadores extranjeros en España.

Por regla general, se requiere que el trabajador carezca de antecedentes penales, se encuentre empadronado en España antes del 8 de agosto de 2004 y tenga un contrato de trabajo de seis meses, aunque en el sector agrario puede ser de tres y en la hostelería y la construcción se permite un contrato discontinuo de seis meses en un periodo de un año.

Salvo en el caso de las empleadas del hogar que trabajan en varias casas, solo el empresario o empleador puede iniciar el proceso de documentación de su trabajador extranjero.

El Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales ha advertido de que cuando concluya el proceso ningún empresario tendrá excusas para contratar a un inmigrante irregular y ya ha anunciado un programa de 500.000 inspecciones.