Ley ‘Topo’ pone varios intereses en juego

Si bien reforma quince leyes y dos códigos, el proyecto de Ley de Racionalización Económica del Estado (denominado Ley Topo) tiene como eje tres reformas: la petrolera, la eléctrica y la de seguridad social.

Atraer inversión para el desarrollo de los campos y áreas que maneja la estatal Petroecuador se ha tornado en una difícil tarea para los gobiernos de turno y el actual no es la excepción.

El segundo intento por reformar la Ley de Hidrocarburos en la presidencia de Lucio Gutiérrez se dio el 15 de marzo pasado, con la Ley Topo. El primero se registró en julio del año anterior; entonces, el proyecto se retiró del Congreso a cambio de una propuesta para financiar las pensiones jubilares.

Los votos legislativos para apoyar esas reformas siempre han estado divididos. El Partido Social Cristiano (PSC), por ejemplo, concuerda con la tesis de romper el monopolio estatal petrolero y permitir el desarrollo de esas áreas en manos privadas; mientras que la Izquierda Democrática (ID) y otras tiendas de centroizquierda prefieren la administración del Estado y que la participación privada se dé en programas específicos.

Para René Ortiz, presidente de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador –asocia a las petroleras extranjeras– el actual proyecto es ambiguo mientras la operación no quede en el sector privado, claramente establecido.

Francisco Espinosa, presidente de la Asociación de Empresas Prestatarias de Servicio, estima –en cambio– que las reformas son buenas y que, bien reglamentadas, permitirán el desarrollo de la industria.

Los cambios en el sector eléctrico, que se apuntan en el proyecto de Ley, buscan limpiar las deudas del sector, generadas por una diferencia de tarifas entre la energía que se compra y la que se vende.

Amírcal Padilla, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, considera que la reforma puede prestarse “a una serie de condiciones y reglamentos que se desconocen”. Pese a ello, está de acuerdo con la creación de un fondo que garantice la inversión en generación eléctrica barata.

Tras el desarrollo de proyectos en este sector han estado el PSC y la ID, cada uno desde su línea ideológica. El primero, a favor de que el manejo de las distribuidoras se despolitice (una opción es la gestión privada), y el segundo, a la espera de que el Estado mantenga el control de las eléctricas y permita, al mismo tiempo, inversión fresca.

En días pasados, cuando el Gobierno dejó sin efecto el derecho del Consejo Provincial de Pichincha a la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, la ID –a través del alcalde Paco Moncayo y del prefecto Ramiro González– manifestó su intención de administrar el sistema eléctrico de la provincia.

El alcalde Jaime Nebot (PSC) también pidió la autonomía del servicio eléctrico de Guayaquil.

En el tema de la seguridad social se involucran, principalmente, intereses del Estado, de empresas, de organismos seccionales y de las cámaras de la producción. Alrededor de $ 800 millones depositados en el Banco Central están en la mira del Ministerio de Economía para financiar la compra de bonos y la construcción de infraestructura.

La implementación de Instituciones Administradoras de Recursos Previsionales (que propone la Ley Topo) abre la posibilidad de que las aseguradoras privadas amplíen su mercado. Nebot y Moncayo manifestaron su interés en un sistema municipal; en agosto del 2004, el primero anunció la creación del Seguro Social Solidario Municipal de Guayaquil (SSS-MG). La regional de Guayas recibe unos $ 20 millones por aportes al mes.