Desde el próximo 4 de abril entrará en vigencia el Convenio de La Haya, tratado que beneficiará a los emigrantes ecuatorianos, suprimiendo la exigencia de la legalización diplomática o consular de documentos públicos extranjeros.

A partir de esa fecha Ecuador pasará a formar parte de los beneficios del convenio, suscrito el 5 de octubre de 1961 y al cual están adheridos más de 80 países.

El convenio se basa en el uso de la apostilla que deberá ser extendida con las respectivas firmas autorizadas, con el cual ya no será necesario la legalización de documentos en oficinas consulares.

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Según explica un documento del Consulado Honorario de España en Guayaquil, el trámite de legalizaciones de los emigrantes ecuatorianos fue “un calvario administrativo” que los discriminó frente a cualquier sociedad donde se ofrecen servicios de asistencia médica, educación, nacionalidad, acceso a contratos de trabajos, entre otros.

Entre los documentos públicos a efectos del convenio están los de carácter administrativo, notariales, entre otros, pero no se aplicará a documentos administrativos que se refieran a una operación mercantil o aduanera.