La adquisición de los predios María Paydar y San Eduardo, en la periferia de Guayaquil, por parte del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), se realizó “en un proceso ceñido a la ley y sin apuro alguno”, manifestó el gerente general del organismo, Humberto Jijón.

Así respondió el funcionario a una información que publicó este Diario en la que se denunció que el Estado pagó más de ocho millones de dólares por las 122 hectáreas de los dos predios. La publicación reveló que el BEV pagó más de 7 dólares por metro cuadrado de tierra, en sectores sin ningún servicio, valores superiores a los que se negocia actualmente en áreas lotizadas y menos alejadas.
María Paydar, por ejemplo, está a más de 6 km al margen de la vía Perimetral, pasando El Fortín.

Esta compra se realizó en un proceso que duró poco tiempo, según la investigación.

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Jijón, en un comunicado enviado a este Diario, aclara que la adquisición cumplió todos los trámites de ley, mediante el sistema de expropiación. “El BEV está seriamente comprometido con Guayaquil a ejecutar el más grande plan habitacional y ha iniciado su ejecución con la adquisición de los predios”, señala.

Destaca que los terrenos son adecuados para los proyectos, “teniendo en cuenta su extensión y topografía”.

Detalla Jijón en el documento que con fecha 2 de julio del 2004, el directorio del BEV, una vez revisados los informes y cumplidos los trámites, resolvió declarar de utilidad pública con fines de expropiación los dos terrenos.

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“Un paso indispensable para tramitar la declaración de utilidad pública es el avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros (Dinac), que fue solicitado en junio del 2004”. Agrega que la inspección se realizó el 23 de junio y el informe se presentó el 30 de ese mes.

“Los avalúos se encuentran dentro de los parámetros que en casos anteriores y para la misma zona ha presentado la Dinac a otras instituciones públicas”, refiere el documento.

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Agrega que el 20 de julio el directorio del BEV declaró la utilidad pública; la Procuraduría del Estado emitió los informes favorables el 16 y 18 de agosto del 2004 y 60 días después se pagó a los propietarios de las tierras.