En estos días se libra en España una guerra de canales. Cualquiera pensaría: vaya, no somos los únicos, por allá se sufre de los mismos males. Pero no. No son los mismos. Al menos desde el punto de vista del espectador, lo que los españoles llaman guerra de canales no se parece en nada a ese fenómeno tan usual entre nosotros que solemos designar con el mismo nombre.

El caso es el siguiente: faltan cinco años para que se cumpla el plazo que se ha impuesto el Gobierno español para implantar la tecnología digital en las telecomunicaciones, y las cosas están que arden para los canales de televisión abierta, que funcionan con tecnología analógica y tienen que prepararse para el gran salto. La situación es especialmente difícil para dos canales, Net TV y Veo TV, que se encuentran listos para operar (en analógico) pero no pueden hacerlo porque no tienen licencia del Estado. Y mientras observan desesperados cómo se acerca la fecha fatídica del “apagón analógico”, el año 2010, en que toda su tecnología quedará obsoleta acaso sin haber sido utilizada, otros canales parecen recibir un trato preferencial.

Canal Plus pertenece al monopolio de la televisión digital de pago en España, Digital Plus. Solicita una licencia para operar en analógico y el Gobierno decide estudiar su caso. Solo el suyo. Y da a entender que su respuesta será positiva.
Aquí es donde se desata la guerra, que es política en gran medida, porque Digital Plus es parte del grupo Prisa (propietario también del diario más importante de España, El País), vinculado a la socialdemocracia, hoy en el poder. Así que todos ponen el grito en el cielo, incluidos los canales analógicos que sí tienen licencia, Antena 3 y Tele 5, que se disponen a acudir a los tribunales para impedir lo que llaman “una situación de dominio de la competencia” por parte del grupo Prisa.

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Es una guerra entre grupos económicos y políticos. Igual que acá. ¿Dónde está la diferencia? En la manera como esa guerra llega al espectador. En España, los canales en guerra van a los tribunales y organizan debates. En Ecuador, los canales en guerra dedican sus noticiarios a desprestigiar a su rival y a sus empresas vinculadas. O tratan de quebrarle el banco. De frente.

La semana pasada, el programa ‘59 segundos’ de la estatal Televisión Española, llevó a debate la guerra de canales. Un debate que acá sería imposible. Media docena de periodistas, entre ellos uno de diario El País y otro de El Mundo (del mismo grupo al que pertenece la desautorizada Veo TV), hablaron abiertamente sobre temas que aquí, simplemente, no se pueden o no se quieren tocar. La propiedad de los canales, por ejemplo, o su orientación política, cuestiones espinosas no solo para la televisión, sino para el periodismo ecuatoriano en general. Lo digo por experiencia: cada vez que uno escribe, en un artículo cualquiera, los nombres de Isaías o de Egas, tiene que andar con pies de plomo.
Y no resulta fácil. En televisión es prácticamente imposible.

¿Por qué tiene que ser así? ¿A qué se debe esta suerte de secretismo sobre el que parece existir un consenso social y mediático? ¿Por qué en España es diferente?
La respuesta obvia a esta última pregunta es que España es una sociedad más democrática.

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Los dueños de los canales de televisión son concesionarios de un bien que es público: las frecuencias. Por lo tanto, toda información relativa a la propiedad de los canales, así como a las vinculaciones empresariales resultantes, debería ser pública y estar disponible para cualquier ciudadano que la pidiera. Es decir: en un país democrático, no debería costarnos nada averiguar la composición del accionariado de TC Televisión o de Teleamazonas.

Cuando uno visita las páginas web de los canales españoles, de todos ellos, encuentra esa información desglosada hasta el mínimo detalle. Basta con un clic para saber que el grupo Mediaset es dueño del 52 por ciento de las acciones de Telecinco y que el Dresdner Bank cedió su 24 por ciento a otras empresas, cuyos activos aparecen citados. Otro clic, y obtenemos los datos del ejercicio económico de los últimos cinco años. O las cifras de participaciones significativas y autocartera. Todo está ahí, claro y transparente. Porque las frecuencias no son de tal o cual empresario, de tal o cual banquero, sino del  Estado, o sea del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a conocer cómo se están administrando. No puede haber debate público sobre la televisión que no parta de eso.

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Las páginas web de los canales ecuatorianos no traen ninguna información de ese tipo. Lo único que encontramos al pulsar el enlace “quiénes somos”, es una retahíla de declaraciones líricas repletas de buenas intenciones, principios, ideales, valores, visiones, misiones, fortalezas y oportunidades. Pero seguimos sin saber cómo se dividen sus acciones. Ello excluye la posibilidad de debatir abiertamente sobre televisión en la televisión. Con todo esto, no resulta nada democrática la relación que se establece entre los canales, o sea los concesionarios, y nosotros, o sea los dueños de las frecuencias. ¡Y qué decir de la relación que llevan entre ellos! Cuando guerrean, todo vale. Tiene que mediar la Iglesia para que no se quiebren los bancos unos a otros.

 raguilarandrade@yahoo.com