Despouy pidió al Ecuador volver a estado de derecho

El relator de la ONU afirmó que el Congreso se arrogó funciones cuando cambió la Corte Suprema.

“La designación de la nueva Corte (Suprema de Justicia) presenta visibles irregularidades”. Esa es una de las impresiones que se lleva Leandro Despouy, relator de  la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la situación jurídica del país.

Tras cinco días de indagación y reuniones con autoridades públicas y personajes de la sociedad,  Despouy concluyó que “es imperativo y urgente alcanzar un restablecimiento integral del estado de derecho”.

El delegado de la ONU fue claro sobre la situación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): “La consulta popular de 1997 expresamente privó al Congreso Nacional de su competencia para destituir y nombrar a los magistrados de la CSJ, y a pesar de que la reforma constitucional de ese mismo año estableció que el Congreso integraría la CSJ por una última vez, en diciembre del 2004 el Parlamento se arrogó esa doble facultad”.

La advertencia de Despouy fue que “si esta situación política se prolonga será más difícil resolverla, es importante hacerlo ahora, antes de que esto se agrave y pueda desembocar en algún hecho que todos podrían lamentar”, dijo.

Sin embargo se mostró optimista de que se efectuarán los cambios –a los  cien días de la última reestructuración de la CSJ– que requiere el país porque hay la suficiente presión moral y ciudadana.

Sus impresiones también tocan a los tribunales Supremo Electoral (TSE) y Constitucional (TC).

En el primer caso afirmó que “se percibe más como un órgano político que como  un ente que imparte justicia electoral”. Agregó que aunque los actuales vocales dijeron que se corrigió una inconstitucionalidad (la salida de Juan Aguirre, representante del extinto Partido Conservador) en ningún lado de la Carta Magna se establece que “el Congreso tiene facultades para enmendar una situación de inconstitucionalidad” y que para el reemplazo de los funcionarios no se siguió el trámite debido: el enjuiciamiento político.

De la misma manera observa que los legisladores debieron enjuiciar y censurar a los vocales del TC antes de cesarlos, pero que estos fueron primero reemplazados, después enjuiciados (dos veces) sin derecho a  defensa.

Despouy presentará un informe preliminar sobre la situación de la CSJ, TC y TSE el 1 de abril, en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el definitivo en marzo del 2006.

El máximo organismo internacional hará un seguimiento de la situación del Ecuador, de no darse los correctivos el caso podría pasar a la Comisión. “Mi mensaje es sincero y frontal, hemos llamado a los actores para salir de esta crisis, que se entienda con toda energía que nosotros (ONU) esperamos una solución”, advirtió Despouy.