Para disimular el daño, el Decreto citado establece que solo se permitirá la captura del tiburón si se trata de pesca “incidental” fuera de las islas, es decir, cuando “sin querer” lo atrapan las redes o los anzuelos de algún pescador artesanal.

Por supuesto, no habrá manera de que las autoridades reconozcan si de verdad se trata de una pesca sistemática o si el tiburón en realidad fue capturado en aguas del Archipiélago, por lo que en la práctica lo que se ha hecho es legalizar la pesca indiscriminada de este cetaceo y autorizar su exterminio.

La resolución que estamos comentando no es un “error” casual. Los que la han impulsado han querido beneficiar poderosos intereses económicos. El negocio de exportar aletas de tiburón llegó a mover 15 millones de dólares anuales antes de su prohibición. El que crea que esos ingresos irán ahora al bolsillo de pescadores “artesanales” es un iluso, o un cómplice de este nuevo crimen contra un tesoro del Ecuador y un patrimonio de la humanidad.