Según el emepedista Luis Villacís, el envío de la ley denominada “topo” al Congreso influyó en el acercamiento del PSC con el Gobierno, pues es un documento que le interesa a los socialcristianos. El Presidente incluirá en el referéndum el cese inmediato de la Corte Suprema de Justicia.

La CSJ devolvió atribuciones a la CNJ, pero los judiciales incrementaron sus protestas.

El Partido Social Cristiano (PSC) anunció ayer su apertura a una consulta popular para resolver la crisis de la Función Judicial, lo que fue acogido con optimismo por el Gobierno, aunque sus aliados del PRE y Prian marcaron distancia.

El PSC establece dos condiciones: el cese inmediato de la Corte Suprema de Justicia y que el mecanismo de elección de los nuevos magistrados se haga mediante consulta. El presidente Lucio Gutiérrez reveló su predisposición a hacer nuevos cambios al referéndum e invitó a los jefes de bloque a discutir el tema.

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Mientras los servidores judiciales protestaron ayer contra la CSJ en las calles.

Un acercamiento político entre los socialcristianos y el gobierno se registró ayer en el Congreso bajo la coincidencia de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe cesar de manera inmediata, y que el mecanismo de elección de los nuevos magistrados lo defina una consulta popular, lo cual fraccionó a la oposición y a la mayoría institucional.

El Partido Social Cristiano está como “libro abierto”, dijo el diputado Alfonso Harb, dispuesto a apoyar una consulta popular bajo dos condiciones: derrocar la CSJ antes de cualquier otra decisión y que el texto de la consulta nazca de la propia sociedad civil y no del Presidente de la República. “Si no se aceptan esas condiciones ahí morirá esta nueva alternativa”, advirtió.

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Mientras se realiza la consulta popular, se propone declarar una vacancia en la CSJ o instaurar una corte interina con la participación de los magistrados de las cortes superiores del país.

La cesación de la Corte será, según Harb,  vía resolución donde deberá incluirse la integración de la comisión especial de redacción con la participación de representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Asociación de Editores de Periódicos, Comisión Anticorrupción, un representante de los sectores indígenas,  quienes prepararán el texto de la consulta y luego lo presentarán al Ejecutivo para que este lo envíe al Congreso para su calificación urgente.

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El jefe de bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, indicó que se muestran abiertos y dispuestos a modificar el texto de la consulta y que no tendrían ningún problema en aceptar que la cesación de la Corte sea vía resolución como lo plantea el PSC.
Comentó que el Ejecutivo estará listo a aceptar los cambios a la consulta, pero será necesario sentarse a dialogar respecto a una nueva redacción.

Pero los roldosistas y prianistas, aliados al gobierno, anunciaron ayer su retirada; mientras que Pachakutik, según el diputado Jorge Guamán señaló que en ningún momento aprobarán un mecanismo como el que plantea el PSC.

Vicente Taiano, del Prian, comentó que la única consulta que su partido aceptaría es la elección de un colegio electoral que elegirá la nueva Corte y nada más.

La Izquierda Democrática se muestra dividida. Mientras el diputado Andrés Páez manifestó que debe haber apertura al diálogo porque será finalmente la ciudadanía quien definiría la consulta; los legisladores Jorge Sánchez  y Carlos González advirtieron que no existe la mínima posibilidad de un entendimiento en una fórmula donde participe el gobierno.

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